Defensa usa normas de hace 25 años para investigar accidentes aéreos

Los reactores señalados en este caso son los cazas C-101 Mirlo, de la Academia General del Aire (AGA). Se trata del mismo modelo accidentado en agosto pasado también en La Manga -falleció el comandante Francisco Marín, de 41 años-, cuenta con más de 40 años de circulación y fue construido en España por la empresa CASA.

Este reactor está en la fase final de su vida útil y las 60 unidades en activo serán sustituidas de forma progresiva desde finales de año por 24 aviones Pilatus de entrenamiento. Un modelo adquirido a la compañía suiza del mismo nombre por más de 200 millones de euros. De la Academia General también procedía la aeronave Tamiz E-26, que se cayó al Mar Menor solo 22 días después del anterior siniestro y en el que fallecieron el comandante Daniel Melero y la alférez Rosa María Almirón.

Estos tres accidentes mortales en solo medio año han sido investigados por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM). Es un órgano adscrito al Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y fue creado en mayo de 1994 para determinar las causas que provocan los accidentes e incidentes menores y prevenir otros.

En estos 25 años se han investigado unos 280 incidentes dentro y fuera de España, en su mayoría sucesos con aviones de caza y de transporte, y se han formulado unas 470 recomendaciones sobre seguridad operacional. Estas «han contribuido a mejorar los programas de prevención de los tres ejércitos y de la Guardia Civil», comentaba en abril pasado el presidente de la Comisión, el general de división Francisco Molina, a la revista del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el marco normativo sobre el que trabaja este organo, cuya comisión la conforman nueve militares, es un real decreto de siete páginas que no se ha actualizado. Ello pese a la evolución del equipamiento aéreo o la irrupción de un asunto estructural que ha llevado al límite las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas: la pérdida de un tercio del presupuesto durante la crisis, entre 2008 y 2014, que no se ha vuelto a recuperar. Ello ha redundado, además, en la pérdida de personal, de gasto corriente y de horas de vuelo.

La influencia de estos factores en los accidentes aéreos, por ejemplo, no es una variable que se detalle en la vetusta normativa de la CITAAM. Se refiere en todo caso en sus informes a los aspectos técnicos y especifica las causas en virtud de seis parámetros. Cuatro son técnicos y los dos últimos son las «condiciones meteorológicas adversas» y «causas indeterminadas, de fuerza mayor o caso fortuito».

Se desconoce si dentro de estas causas «imponderables» se enmarcan las declaraciones que hizo este viernes el que fuera jefe de la Patrulla Águila Rubén Pérez, en excedencia como concejal de Seguridad en San Javier (Murcia). El oficial fue instructor del comandante Garvalena y afirmó, «con la libertad para hablar» que le otorga su nuevo empleo, que tres accidentes en medio año no «parecen ser casualidad», según recoge el periódico 'La Verdad'.

Pérez añadió que atribuir estos siniestros a la antigüedad de los aparatos es hacer una «lectura superficial», porque, según él, «hay que analizar muchos otros factores no solo relacionados con la mecánica, como la presión a la que son sometidos los pilotos» de los vuelos que se programan. «Los jefes tienen que sentarse con los pilotos y ver en qué condiciones salen a entrenar». Estas circunstancias no se investigan en lo tres informes que elabora la CITAAM a los 7, 21 y 45 días del accidente, salvo excepciones.

«Su regulación y medios se han quedado desfasado, como muchas aeronaves. Defensa debe reflexionar sobre la urgente necesidad de modificar la normativa de la Comisión», señala Mariano Casado, abogado de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Para este letrado, conocedor de varias investigaciones de siniestros aéreos, es urgente dotar a esta unidad de medios modernos y facilitar la transparencia. Más País ya presentó una pregunta en el Congreso a la ministra Margarita Robles para que explique la situación de los C-101 y el «exceso de ambigüedad» en las conclusiones de los informes de la Comisión.

La jurisdicción militar, por ejemplo, es la encargada de instruir estos siniestros y no permite la personación de acusaciones populares en sus causas. Otra puerta cerrada que explica la falta de publicidad de un reglamento de hace 25 años.