Los conservadores tantean para el TC a la magistrada de los indultos del 'procés'

La novedad es que por vez primera un vocal del bloque conservador ha admitido contactos con una magistrada para ocupar una de las plazas en liza. Se trata de Inés Huerta, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo e integrante de la sección que analizará la legalidad de los indultos concedidos a los presos del 'procés', según han confirmado fuentes del Consejo a este periódico.

Los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart y los progresistas Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach han estado reunidos en la sede del Consejo durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al TC saldrían de entre los magistrados del Tribunal Supremo.

Además, hoy han concretado la necesidad de buscar "amplias mayorías" entre los elegidos y los integrantes del bloque conservador se han citado para el próximo miércoles para una nueva reunión, un día antes del pleno que celebrará el CGPJ y en el que no se llegará casi seguro a un acuerdo para votar a los candidatos definitivos.

En un comunicado, los integrantes del sector progresista han señalado que sus interlocutores no están en condiciones ahora mismo de presentar candidatos ni que deban hacerlo antes del pleno del jueves 29 de septiembre. También revelan que no ha sido posible fijar una fecha para un nuevo encuentro entre las partes. Por este motivo, concluyen, no se hacen responsables de la "dilación" que se está produciendo con la renovación para el Tribunal Constitucional.

Los representantes progresistas tenían previsto acudir hoy con una lista preliminar de nueve aspirantes, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga. Completan el grupo los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde -que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.

No obstante, los portavoces conservadores aseguran en un comunicado que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo y han señalado que, en su caso, se ha producido un "contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual". Fuentes del Consejo han informado a este periódico que el contacto ha sido con la magistrada Inés Huerta, de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo).

Huerta forma parte del tribunal que verá finalmente los recursos contra los indultos a los presos del 'procés' catalán tras un cambio de criterio de la sección. Su presencia en esta Sala de cinco magistrados se presupone clave para el devenir de los recursos y la posibilidad de revocar la medida de gracia a Oriol Junqueras y demás condenados a penas de cárcel.

En mayo pasado, además, la Sala Tercera rechazó apartarla de este asunto a petición de una fundación independentista al considerar que su imparcialidad sigue intacta. El motivo de la recusación fue que Huerta formó parte de la Junta Electoral Central cuando, el 17 de octubre de 2019, dicho órgano dictó un acuerdo por el que los candidatos a las elecciones generales de noviembre de 2019 que hubiesen sido condenados a prisión en la sentencia del 'procés' debían ser excluidos de las listas, en ejecución de dicha sentencia.

Con el incidente esta parte pretendía anular la posibilidad de que Huerta, a la que presume una sensibilidad conservadora, se uniera a los dos magistrados que quedaron en minoría cuando la Sala negó legitimación para impugnar los indultos, lo que suponía que estos se mantuvieran sin necesidad de que el tribunal entrara al fondo del asunto. Si ella se suma a la posición de Wenceslao Olea (vocal además del CGPJ) y Fernando Román, serían al menos tres los magistrados que consideran que no puede rechazarse la legitimación de los recurrentes en este momento procesal y se vería ya en sentencia.