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R. C.
Madrid
Miércoles, 4 de noviembre 2020, 13:07
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del 'caso Gürtel' contra 26 personas por delitos contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el cabecilla de la trama Francisco Correa ... y su número dos, Pablo Crespo, y que conlleva la imposición de fianzas por las multas previstas por encima de los 199 millones de euros.
Apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo confirmase con ligeras variaciones en las penas la sentencia de la primera época de Gürtel, el magistrado envía a juicio la última pieza de esta macrocausa que quedaba en instrucción, en la que se juzgarán sus delitos fiscales, junto con blanqueo y la falsedad que cometieron para ocultar los anteriores. Solo quedará en el juzgado la pieza en la que se investiga la presunta caja B del PP, descubierta gracias a los llamados 'papeles de Bárcenas', en los que el extesorero del partido transcribió una contabilidad paralela en la que se registraba el dinero en negro recibido.
Según expone el magistrado en el auto, ha quedado acreditado que Correa percibió cantidades multimillonarias con sus empresas que ocultó a través de una compleja estructura societaria y financiera para eludir a la Agencia Tributaria y simular que no tenía ingresos. El empresario no había presentado ni una declaración tributaria desde 1999.
En el caso de Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo mediante estructuras financieras y societarias dentro y fuera de España. Según el instructor, ocultaba sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.
Para Correa y Crespo, De la Mata impone el pago de fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. Junto a ellos, se sentarán en el banquillo a quienes fueran sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuyo papel, según el instructor, «ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación». El magistrado también abre juicio contra veinte empresas como responsables civiles subsidiarios.
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