Los abogados del Estado rechazan las «injerencias y presiones» en su trabajo

El consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado divulgó un escrito de seis líneas y media «ante las recientes informaciones publicadas» sobre presuntas presiones a los profesionales del cuerpo de letrados de la Administración. Sostiene que rechazan cualquier tipo de coacción, «especialmente» si se trata de «amenaza», que busque «desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado».

Los servicios jurídicos, señalan los directivos de la asociación, «debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une».

La nota llega en puertas de que la Abogacía dé a conocer su informe sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoció la condición de eurodiputado a todos los efectos de Oriol Junqueras con la consiguiente inmunidad para ejercer el cargo. El cuerpo de juristas que presidente Consuelo Castro pudo dar a conocer su informe a lo largo de la pasada semana, pero prefirió apurar el plazo de cinco días hábiles establecido por el Tribunal Supremo. A diferencia de la Fiscalía, que tardó unas horas en redactar sus alegaciones, o la defensa de Junqueras y la acusación popular de Vox, que las entregaron a la Sala de lo Penal del alto tribunal antes de Navidad.

El Gobierno justificó la tardanza en que el fallo de la corte con sede en Luxemburgo fue «novedosa» y suministrar una respuesta requería «un profundo estudio técnico». Una demora que abrió la espita de las especulaciones sobre presuntas presiones desde el mismo Gobierno para que el escrito se ciñera a las exigencias de Esquerra. No hay que olvidar que la Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia.

Los republicanos exigieron «un gesto» al Gobierno en relación a la situación procesal de su líder, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación.

Esa misma tardanza y las demandas de los dirigentes de Esquerra llevaron a PP y Ciudadanos a alertar sobre la existencia de presiones a la Abogacía del Estado para acomodar su informe a las exigencias de los socios indispensables para la investidura de Pedro Sánchez. El líder de los populares, Pablo Casado, emplazó a los servicios jurídicos a «defender al Estado» y no a los intereses de parte en la investidura del candidato socia lista.

El Gobierno ha rechazado con contundencia la existencia de presiones a los letrados, pero como es lógico por su dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia ha estado al tanto de la marcha de sus trabajos. La portavoz gubernamental, Isabel Celaá, aventuró el pasado viernes que el escrito se conocería hoy, y todo apunta a que así será.

El informe es la pieza clave para la investidura porque si satisface las expectativas de Esquerra Republicana estará expedito el camino para que socialistas y republicanos anuncien su acuerdo y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podrá convocar el debate de investidura para el 2 de enero.