El abogado de Bárcenas niega que participara en 'Gürtel' por su «poder» en el PP

Precisamente, este lunes le llega el turno al letrado de Bárcenas. Joaquín Ruiz de Infante tiene la difícil papeleta de contrarrestar el escrito final de la Fiscalía Anticorrupción. La acusadora pública Concepción Sabadell solo ha rebajado tres años la petición inicial de 42 años y medio de prisión, tras quitarle uno de los ocho delitos fiscales, el del ejercicio de 2009, mientras que a su mujer Rosalía Iglesias propuso la posibilidad de considerarla cooperadora necesaria de los delitos fiscales cometidos por su marido, por lo que podría variar los 24 años y un mes de cárcel reclamados en un principio.

Bárcenas e Iglesias, además, han comunicado que renuncian al derecho a su última palabra; con lo cual, podrán ausentarse de la vista sin necesidad de esperar a que terminen los informes de todos los acusados. En su informe final, el abogado de Bárcenas ha pedido la absolución del extesorero del PP al negar que participara en la trama influyendo en autoridades para conseguir adjudicaciones ya que no tenía «poder omnímodo en el PP».

Joaquín Ruiz de Infante estima que no se ha acreditado que los apuntes sobre repartos de supuestas comisiones ilegales que figuran en la documentación incautada al grupo empresarial del presunto cabecilla de la trama, el acusado Francisco Correa, con las siglas L.B. y con el apodo ‘Luis el cabrón’ correspondan a su defendido. Ha concretado que, al igual que no se ha acreditado que las siglas P. A. C. correspondan a Francisco Álvarez Cascos ni las de G. G. a Gerardo Galeote, tampoco se puede dar por confirmado que L. B. sea Luis Bárcenas, cuando en la investigación figuran otras personas cuyo nombre corresponde a las mismas siglas.

En este sentido, cabe recordar que la fiscal Sabadell aseguró en su día que había quedado acreditado en el juicio que Luis Bárcenas no solo era "el L.B." de los apuntes contables de Francisco Correa, cerebro confeso de la trama 'Gürtel', sino que ocultó los fondos de origen delictivo obtenido por éste tanto en Suiza, donde llegó a tener 48,2 millones de euros en 2007, como en una «estructura societaria opaca». «Unos fondos obtenidos por Correa, pero también por su intermediación en adjudicaciones públicas, al margen de Correa, y por la sustracción de fondos de la caja B» del PP, concluyó la representante del Ministerio Público el pasado 24 de octubre.

Sobre la declaración de Correa implicando a Bárcenas, el abogado del extesorero popular ha alegado que en el juicio se ha demostrado que existe una animadversión del primero hacia su cliente, como se reflejó en una conversación que tuvo con el también acusado Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ en el que comentaron sobre el extesorero del PP que «a cada cerdo le llega su san Martín».

La fiscal Sababell, la semana pasada, también pidió al tribunal presidido por Ángel Hurtado retirar todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al exconsejero de la Comunidad de Madrid y miembro de la ejecutiva del PP Alberto López Viejo y a su esposa, Teresa Gabarra. De este modo, la petición para el que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre se queda en 39 años y medio de prisión, como Bárcenas, y para su mujer , un total de cuatro años de cárcel. Los abogados de ambos comparecerán esta semana para detallar sus conclusiones en la pieza de la Comunidad de Madrid.

El pasado jueves intervino una de las defensas más esperadas, la del exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, el hombre destapó el 'caso Gürtel' tras aportar a la Fiscalía unas 80 horas de conversaciones grabadas a Correa. Estas cintas avaladas por los peritos en el juicio no se hicieron para chantajear al empresario y su intención era seguir colaborando en otras piezas, según su letrado.

«Estamos orgullosos de estar aquí, siempre estaremos al lado de la justicia, seguiremos colaborando con jueces y fiscales y ya estamos preparando la declaración testifical del próximo 18 de enero en otra pieza de Gürtel, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana», anunció el abogado Ángel Galindo. A su cliente la fiscal reclamó que le aplicasen el atenuante de confesión y pidió para él una pena de seis años y cinco meses de cárcel.