La Abogacía del Estado ya apoyó en junio que Junqueras fuera al Parlamento Europeo

Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia, a diferencia de la Fiscalía, respaldaron la solicitud del líder de ERC para que realizara en el Congreso los trámites necesarios tras ser elegido en los comicios europeos del 26 de mayo. Una postura que fue criticada entonces pero que hoy, medio año después, ha sido avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La abogada del Estado Rosa María Seoane, responsable del departamento de penal, consideró entonces que era a la Junta Electoral a quien corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español y pidió al tribunal que el traslado a la cámara se hiciera en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y del Senado.

 Además, reclamó que se enviase a la Junta Electoral Central el auto de conclusión del sumario de la causa del 'procés' (fue procesado por un delito de rebelión) y la comunicación de la presidenta del Congreso Meritxell Batet por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado nacional.

Seoane avanzó entonces un escenario que ahora vislumbra la sentencia del TJUE. Dijo que de obtener Junqueras la condición de europarlamentario obligaría a pedir un suplicatorio a la cámara europea para poder seguir avanzando en el procedimiento que causaría «interferencias absolutamente irrazonables», en referencia a la celebración entonces del juicio del 'procés', que quedó visto para sentencia el 13 de junio.

El suplicatorio supone que una comisión jurídica del Parlamento de Bruselas trabajará a puerta cerrada sobre el caso, dando audiencia a las partes y emitirá un dictamen a la eurocámara. El pleno, formado por los 750 miembros, votará y resolverá por mayoría simple sobre la suspensión o no de la inmunidad de Junqueras en caso de que el Supremo acepte ahora su excarcelación.

La Abogacía, en cualquier caso, se tendrá que volver a pronunciar nuevamente tras la sentencia de hoy y ya sabe que la Fiscalía ha vuelto a oponerse a la salida de prisión del líder de ERC. Lo que decidan los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia tendrá, además, un impacto político directo en plena negociación de la investidura entre el PSOE y el partido de Junqueras, ERC.