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Mateo Balín
Martes, 23 de mayo 2017, 12:36
Un juzgado de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional del caso del espionaje en Colombia al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en prisión sin fianza por su implicación en la 'operación Lezo'.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de ... Madrid, Adolfo Carretero, ha tomado esta decisión dado que uno de los denunciantes, Idelfonso de Miguel, investigado también en la trama de saqueo a la empresa pública Canal de Isabel II ha renunciado a formular escrito de acusación en dicho procedimiento.
Seguidamente, el juzgado dio traslado a la representación letrada de Ignacio González, el otro denunciante, para que formulase también escrito de acusación, pero su representación, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, comunicaron al juzgado que ya no representan al expresidente regional por existir conflicto de intereses con él (se han personado como acusación particular en 'Lezo'). Ignacio González no ha designado un nuevo abogado ni procurador con posterioridad, siendo requerido para ello con carácter terminante. El Ministerio Público también había solicitado el archivo de las actuaciones.
Señalamiento
Se da la circunstancia de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial tenía señalado para el próximo 30 de mayo la deliberación y fallo del recurso contra el auto de imputación del procedimiento. No obstante, el magistrado de Instrucción ha podido archivar la causa dado que el recurso de apelación no suspende el procedimiento en primera instancia. El magistrado ha comunicado su decisión a la Audiencia Provincial a los efectos oportunos. Contra la resolución de sobreseimiento cabe recurso de reforma, sobre el propio órgano judicial, y subsidiario de apelación a la Audiencia Provincial.
González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y De Miguel fueron seguidos durante un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, donde se vieron imágenes entrando a un hotel con bolsas de deportes, y el juez estimó que esto pudo suponer un delito de revelación de secretos, dada la posible filtración de la agenda de viajes oficiales, contra tres detectives que hicieron aquel trabajo.
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