Rajoy pide testificar en 'Gürtel' la última semana de julio

El tribunal que juzga la primera época de las actividades de la trama liderada por Francisco Correa (1999-2005) decidió el pasado 18 de abril citar a Rajoy como testigo a petición de la acusación popular de Adade (Abogados Demócratas por Europa). Pese a que la Fiscalía Anticorrupción se opuso, dos de los tres magistrados de la sala, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, consideraron necesaria su declaración para aclarar algunos de los extremos señalados por acusados y testigos.

Durante el periodo que juzga el tribunal, Rajoy ostentó el cargo de secretario general del PP en 2003 y a partir de octubre de 2004 fue elegido presidente de la formación hasta la actualidad.

En el mismo escrito remitido a la Audiencia el pasado martes, el jefe del Ejecutivo reclama que la testifical sea por videoconferencia desde su despacho en el Palacio de la Moncloa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina, en su artículo 731 bis, que puede utilizar este medio «por razones de utilidad, seguridad y orden público».

«Seguridad y recursos»

Presidencia alega que el desplazamiento de Rajoy a la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid), en la que se celebra el juicio desde octubre, «implicaría un despliegue importante de recursos públicos». Asimismo, esgrime «razones de seguridad» para justificar su petición, dado que un eventual desplazamiento a la Audiencia o la posible constitución del tribunal en el despacho oficial del presidente -como pidió la acusación que ejerce Adade- «supondría un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas» teniendo en cuenta que la prueba puede hacerse mediante un medio «menos gravoso».

Por último, sostiene el equipo de Rajoy que la videoconferencia se trataría del medio «más adecuado teniendo en cuenta la intensa actividad del presidente, con numerosos actos y reuniones previstas tanto dentro como fuera de España». La última palabra la tendrá ahora el tribunal.