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Mateo Balín
Martes, 16 de mayo 2017, 15:20
La sombra de la imputación ha planeado poco tiempo sobre Cristina Cifuentes. Sorprendentemente, muy poco tiempo. El juez Velasco, en un hecho sin precedente, ha anunciado, a través de fuentes jurídicas, y no por medio de un auto que es como se pronuncian los magistrados, ... que no llamará a declarar como investigada a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La respuesta se produce solo horas después de que se levantara el sumario del 'caso Púnica', momento en el que se conoció que la Guardia Civil había señalado a Cristina Cifuentes, en la 'Púnica', la "gigantesca red" de tráfico de influencias que afecta a administraciones públicas de varias regiones. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), fechado a 1 de marzo pasado, pide investigar a la presidenta autonómica del Partido Popular por los delitos de prevaricación continuada y cohecho al haber presidido el comité que adjudicó el servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández, investigado en 'Púnica'.
La UCO recuerda al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama corrupta, que Cifuentes preside actualmente la Comunidad de Madrid, por lo que está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha dicho desconocer por qué la UCO pide investigar a Cifuentes, pero se ha mostrado convencido de que no tiene "nada que ver con todo eso".
"No lo conozco. Estoy seguro de que la presidenta de Madrid no tiene nada que ver con todo eso", ha declarado Hernando en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por este asunto.
El juez ha levantado el secreto del sumario en los tomos relativos a la financiación del PP de Madrid, donde la Guardia Civil apunta a la participación de Cifuentes.
"Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los delitos de prevaricación continuada y cohecho", señala el informe al que ha tenido acceso este periódico.
Cifuentes presidió el comité de expertos de la Asamblea en las licitaciones de 2009 y 2011, que adjudicó los contratos de restauración al Grupo Cantoblanco, quien a su vez financiació al PP de Madrid a través de la fundación Fundescam, cercana a los populares, con la entrega de 60.000 euros.
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