La pieza política de los ERE se cierra con 22 ex altos cargos andaluces acusados

En sendos autos conocidos este mismo jueves, la Sección Séptima de la Audiencia provincial ha decidido continuar el procedimiento contra el secretario general de Hacienda, Antonio Estepa, y el director general de Presupuestos, Antonio Lozano, acusados de un presunto delito de prevaricación. Tras el cierre de la causa y su asignación por sorteo a la Sala Primera que preside precisamente un exalto cargo de la Junta de Andalucía al primer juicio de los ERE solo le queda fijar la fecha para el inicio de la vista.

La instrucción acabó con 26 acusados, pero la Sección Séptima de la Audiencia provincial de Sevilla ha atendido los recursos de cuatro acusados, entre ellos dos ex vice consejeros de Empleo e Innovación y un ex director de Trabajo, que quedaron fuera de la causa la pasada semana. Según resolvió la sala, durante su etapa en la administración se constató que los expedientes de ayudas eran extremadamente irregulares, pero hubo importantes cambios en la concesión de dichas ayudas, por lo que no se puede predicar sin más que su actuación se limitó a mantener el sistema, tesis principal que sustenta la causa. Así, el auto recuerda que el denominado procedimiento específico se creó en el año 2000 y se mantuvo durante una década sin que por parte de las personas que hayan podido participar en el mismo pusieran freno a esta huida hacia delante, consistente en no respetar y/o imponer los mínimos controles que la legislación ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos públicos, esencial en un Estado Social de Derecho Democrático, como define la Constitución a España.

El auto contrasta además la caótica y errática actuación del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, con la de sus sucesores, que eliminaron el mecanismo considerado inadecuado para el pago de ayudas, las transferencias de financiación, e iniciaron en 2010 un plan de acción para la recuperación de pagos indebidos. Dichos procedimientos sacaron a la luz 69 informes referidos a 70 empresas y 332 pólizas de prejubilación que afectaban a 5.982 personas. Sin embargo, 72 de ellas nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas. Según la estimación de la Audiencia, estas 126 personas han percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación.