Aguirre se cura en salud

La novedad no solo era el anuncio sino cómo lo haría. Para financiar este proyecto regional sin precedentes, levantar 11 hospitales en solo ocho años, Aguirre abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privada de empresas concesionarias. Un modelo similar al británico que tenía dos patas: el llamado PFI (inversión financiera privada), en el que las empresas adelantaban el dinero y construían los centros a cambio de la gestión de servicios no sanitarios y un canon anual de dinero público durante 30 años; y el PPP (sociedad público-privada), donde el centro se levantaba con dinero público y la concesión de toda la gestión se quedaba en manos privadas durante 30 años.

La presidenta Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, lideraron la ejecución de este ambicioso plan. A los siete hospitales PFI les asignaron nada menos que 2.280 millones de euros de inversión entre 2004 y 2007. Todos llegaron a tiempo, ya que fueron inaugurados en plazo, entre febrero y septiembre de 2008. Los cuatro restantes, calificados PPP, se edificaron con posterioridad y tres de ellos fueron inaugurados por Aguirre antes de su dimisión en septiembre de 2012. Solo el Hospital de Villalba fue estrenado por su sucesor, Ignacio González.

A esta lluvia de dinero público acudieron esencialmente empresas sanitarias y constructoras. Algunas de éstas acabaron salpicadas años después en el caso Gürtel, como Hispánica o Begar, y de forma más reciente en la trama Púnica, por ejemplo Cofely. Las piezas del primer procedimiento ya están en fase de juicio oral, mientras que Púnica, la «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a administraciones de Madrid, Murcia, Valencia o León, está en plena ebullición instructora.

Cuatro nuevos investigados

Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, responsable de la investigación, ha puesto en el punto de mira al Gobierno de Aguirre por el primer plan de infraestructura sanitaria (2004-2007). Sospecha en la pieza separada que indaga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, que ella presidió entre 2004 y 2016, la posible existencia de una trama del 1% destinada a nutrir la caja B del partido regional (ayer fueron citados otros cuatro empresarios investigados que se acogieron a su derecho a no declarar).

En concreto, el magistrado indaga si las compañías adjudicatarias de las obras de los hospitales -todas ellas acudieron en UTE (Unión Temporal de Empresas) para racionalizar costes- destinaron el 1% del total de la inversión a contratos publicitarios de estos proyectos que, en realidad, acabaron en las arcas de la formación.

Por ejemplo, el Hospital Infanta Leonor de Vallecas fue adjudicado a una UTE de seis sociedades por 98,6 millones y el presunto pago escondido en publicidad hubiera sido de 986.000 euros. En esa unión de empresas estaba el grupo dedicado a la restauración Cantoblanco, cuyo propietario es Arturo Fernández. El exvicepresidente de la CEOE y de la patronal madrileña está investigado en esta pieza separada bajo secreto por una supuesta donación de 70.000 euros a una fundación del PP de Madrid llamada Fundescam, que presidió Aguirre, a cambio de la gestión de los restaurantes en la Asamblea de Madrid y Telemadrid. Condenado a seis meses de cárcel en la sentencia de las tarjetas black, las sociedades de Fernández, que declaró el miércoles ante el juez Velasco, adeudan al fisco 19,6 millones de euros.