Imputan al exalcalde de Valladolid por el aval del soterramiento del tren

De esta forma, la juez del caso ha decidido transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado contra León de la Riva por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad, con lo que sigue la causa contra él y tendrá que ocupar nuevamente el banquillo de los acusados, según informaron fuentes jurídicas.

Quedan por tanto fuera del procedimiento el exedil de Hacienda, Alfredo Blanco; el exconcejal del Área de Infraestructuras, Manuel Sánchez, y el exasesor para la operación ferroviaria, Carlos Baró, que declararon como investigados en el curso de las diligencias y que, de forma unánime, al igual que otros testigos, como el secretario municipal, Valentín Merino, o el exinterventor, Jesús Vázquez, apuntaron a León de la Riva como único responsable y sostuvieron que la primera noticia de la 'comfort letter' fue en 2015 "por la prensa", a raíz de la denuncia de los hechos presentada por el Ayuntamiento, personado en las diligencias como acusación particular.

Afirma que desconocía la trascendencia

El encausado ya, Javier León de la Riva, fue el primero en abrir, el pasado día 22 de diciembre de 2016, el turno de interrogatorios. Entonces se escudó en su desconocimiento de la trascendencia de lo que implicaba la polémica carta de conformidad, pues era un documento mercantil muy poco conocido en aquella época y, además, el primero que firmaba, de ahí que estampara su firma porque pensaba que no se trataba de una póliza de préstamo o línea de crédito y no formaba parte de un expediente administrativo que sí hubiera sido necesario tramitar.

La instrucción de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Valladolid admitiera a trámite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de sobreseer la denuncia que se presentó contra León de la Riva por firmar dicho documento, que fue anulado en vía administrativa tras el acuerdo del pleno celebrado en septiembre de 2016 que desvinculaba al Ayuntamiento de la obligación de afrontar la devolución de esos 100 millones de euros.

De nuevo en el banquillo

El expolítico del PP, tras veinte años al frente del Ayuntamiento de la capital, volverá así a sentarse en el banquillo, después de que en 2015 fuera condenado por delito de desobediencia al haber demorado durante casi un lustro la ejecución de una sentencia que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla, donde cuenta con un piso y en el que se habían cometido distintas irregularidades urbanísticas.

La sentencia inicial del Juzgado de lo Penal número 2, de fecha 29 de mayo de 2015 y consistente en un año y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal y una multa de 12.600 euros (seis meses a razón de 70 euros el día), junto con el pago de las costas, incluidas las de la acusación popular, fue confirmada después por la Audiencia de Valladolid el 10 de octubre del mismo año.