Artur Mas: «Nunca pensé que una ocurrencia acabaría en el Supremo»

Mas ha comparecido en su doble condición de testigo y acusado, ya que tiene una causa abierta por los mismos hechos que ya ha sido juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En su intervención, ha recordado que tras el acuerdo del Parlament para celebrar el "proceso participativo" del 9 de noviembre de 2014 la primera versión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue que se trataba de una noticia "excelente" porque se había roto la mayoría.

"Yo le contesté que a veces las noticias excelentes duran poco y la siguiente decisión del Gobierno fue de mofa, de reírse y menospreciar una nueva ocurrencia de Mas", ha señalado el compareciente. "Nunca pensé que una ocurrencia acabara en el Supremo o en el TSJC", ha añadido.

Al recibimiento de "Molt honorable president" por parte de la abogada de la defensa, Eva Labarta, Mas ha relatado el proceso que derivó en la celebración del proceso del 9-N, suspendido por el Tribunal Constitucional y de forma posterior declarado ilegal. "Adelanté las elecciones porque hubo una manifestación muy importante en septiembre en 2012 y entendí que aquella presión que había en la calle debía confirmarse en las urnas. Quería comprobar hasta qué punto había una mayoría a favor del derecho a decidir. En democracia es lo primero que vale, al menos para mí", ha afirmado.

«No se tomaron decisiones unilaterales»

El resultado en favor del derecho a decidir, superior a dos tercios, "fue un primer mandato del Parlament para promover una consulta que permitiera escuchar la voz de la gente en ese momento. No se tomaron decisiones unilaterales. Se intentó y se empezó a construir un marco legal en Cataluña para promover una consulta legal y eso fue el objeto de distintos mandatos del Parlament", ha señalado Mas.

El expresident de la Generalitat ha subrayado que "ni la consulta que habíamos promovido ni el proceso participativo que se ideó en sustitución de la consulta tenía efectos legales vinculantes". "Estamos apelando al derecho de participación, a la libertad de expresión e ideologica y dije personalmente que eso no tenía consecuencias legales vinculantes, tenía políticas, pero no legales vinculantes".

Al igual que Homs, su compañero ha reiterado que la resolución suspensiva del Constitucional fue poco clara y que las advertencias de consecuencias legales y penales no existieron. "El correo electrónico que recibimos se transformó en una notificación por correo y nunca más tuvimos conocimiento de ninguna otra reacción del Constitucional".