Las Marchas de la Dignidad salen a las calles en defensa de las pensiones

Se han sucedido las manifestaciones en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Murcia, Gijón, Gerona, Figueras, La Coruña, Vigo, Alicante, Elche, Ciudad Real, Valladolid y León, mientras que el 28 de febrero tendrán lugar en distintas ciudades andaluzas, en coincidencia con el Día de Andalucía.

En Madrid, la protesta comenzó a las 18:30 horas en la confluencia de la Plaza del Emperador Carlos V con la calle de Atocha y terminará en la Puerta del Sol. Al final de la manifestación, se unió las ocho mujeres de la asociación Ve-la luz que el pasado 9 de febrero comenzaron una huelga de hambre en la Puerta del Sol para protestar contra la violencia machista.

Estas movilizaciones forman parte del calendario de protestas que las Marchas han acordado en toda España y que culminará con una gran Marcha a Madrid desde todos los lugares del Estado el 27 de mayo.

Los convocantes señalan que hoy hay más razones que nunca para salir a la calle por el "saqueo" de las pensiones, las reformas laborales del PSOE y del PP, los desahucios, el precio de la luz y el desmantelamiento de los servicios públicos, que se acumulan sobre las espaldas de los sectores populares. Destacan que, desde que estalló la crisis económica en el año 2007, España se ha consolidado como el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Chipre, en el que más se ha disparado la desigualdad social.

"Al dictado de la Unión Europea, el Gobierno prosigue con sus políticas de precarización, de desempleo crónico, de salarios de miseria y, ahora, viene de nuevo por las pensiones públicas", según los impulsores de las Marchas de la Dignidad. Apuntan que la Comisión Europea anunció que el proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno español para 2017 no garantiza el cumplimiento de los objetivos de déficit, por lo que debe estar preparado para "adoptar medidas adicionales", lo que supone "nuevos recortes".

Desde las Marchas de la Dignidad, opinan que hay que negarse a aplicar las políticas marcadas por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional por considerar que es "la única manera de recuperar los derechos perdidos, de lograr trabajo y salarios dignos y garantizar los servicios públicos".