Melchor Sáiz-Pardo
Miércoles, 22 de febrero 2017, 01:00
Persiste el uso del delito de enaltecimiento del terrorismo para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Esta es la principal denuncia del informe anual de Amnistía Internacional (AI) en su apartado referido a España. El documento ... La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo hace especial hincapié en que España sigue sin investigar en profundidad las denuncias de las torturas policiales y que, demás, continúan las expulsiones colectivas de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. Todo ello, sumado al hecho de que no se están cumpliendo los compromisos internacional en cuanto a la reubicación de refugiados en territorio nacional.
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La organización este año se muestra especialmente preocupada por los ataques a la libertad de expresión y reunión, sobre todo gracias a la reforma del Código Penal y a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), que entraron en vigor en 2015. Para AI es paradigmático el caso de los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, encarcelados durante cinco días de febrero del año pasado por su representación en Madrid de la obra con la pancarta Gora Alka-ETA. El informe recuerda que llegaron a ser acusados formalmente de enaltecimiento del terrorismo.
AI también denuncia la actuación del Ministerio del Interior pidiendo actuar al Consejo General del Poder Judicial contra el juez José Ricardo de Prada por mostrar en una mesa redonda su acuerdo con las preocupaciones expresadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre las barreras que impedían la investigación eficaz de los casos de tortura en España.
Según el recuento de Amnistía Internacional, durante el año pasado, la Audiencia Nacional dictó 25 sentencias condenatorias contra 28 personas por delitos de enaltecimiento del terrorismo. La mayoría de estas sentencias -explica el informe- fueron resultado de la Operación Araña, que implica la interceptación de mensajes publicados en redes sociales. Siempre de acuerdo con los datos de AI, de abril de 2014 a abril de 2016, 73 personas habían sido detenidas como parte de la operación.
Malos tratos
Durante el año se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos -incluido el uso excesivo de la fuerza- infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". En algunos casos, las denuncias de tortura y otros malos tratos no se investigaron con eficacia y exhaustividad, zanja la organización de defensa de los Derechos Humanos. El informe recoge varios ejemplos, como la decisión de un juez de Cádiz de que no había pruebas de que los policías maltrataran al gaditano fallecido Juan Antonio Martínez González. AI también recoge la resolución Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) contra España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas de Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido por la Guardia Civil en 2011 en una operación contra EKIN, supuesto aparato político de ETA. Séptima vez que el tribunal dicta una sentencia de esta índole contra España, recuerda AI. La institución también sitúa en la impunidad de la tortura en España la absolución de los dos mossos acusados por el lanzamiento de la pelota que dejó tuerta a Ester Quintana.
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Inmigrantes
En el apartado de derechos de las personas refugiadas y migrantes', Amnistía Internacional se muestra muy crítica con España. Continuaron las expulsiones colectivas a Marruecos desde Ceuta y Melilla por parte de agentes españoles encargados de hacer cumplir la ley, denuncia el informe con respecto a las llamadas expulsiones en caliente. Algunas de las personas que fueron devueltas a Marruecos resultaron heridas al escalar las vallas y como consecuencia de los golpes recibidos, se recoge también en el informe.
Pero no solo eso. AI asegura que el sistema español de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo en 2015 inadecuado, sobre todo porque el número de plazas en los centros oficiales de acogida era excesivamente bajo y la asistencia que recibían las personas alojadas fuera de ellos era demasiado escasa.
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España no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas, procedimientos de asilo y condiciones de recepción, afirma el documento, que también denuncia que seis años despuésde su entrada en vigor, la Ley de Asilo seguía sin implementarse, lo que hizo que el acceso de las personas solicitantes de asilo a la asistencia que tenían derecho a recibir no fuera el mismo en todo el país.
Para Amnistía Internacional es igualmente inquietante que España no cumpla con sus compromisos internacional con la acogida de refugiados. Según la organización, aunque, en virtud de los programas dereasentamiento, España había accedido a recibir 1.449 personas procedentes de Oriente Medio y el Norte de África, para diciembre de 2016 sólo habían llegado a territorio español 289 personas, todas ellas de ciudadanía siria.
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De igual modo, y en contra del compromiso formulado de recibir 15.888 personas necesitadas de protección internacional desde Italia y Grecia en virtud del programa de reubicación interna de la UE, para diciembre sólo se habían reubicado en España 609.
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