Melchor Sáiz-Pardo
Viernes, 17 de febrero 2017, 06:42
El fiscal del caso Nóos ha pedido a la Audiencia Provincial de Palma la celebración de una vista para decidir si se imponen medidas cautelares, entre ellas el posible ingreso en prisión, de Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel, y ... Diego Torres, ocho años y seis meses. La Fiscalía Anticorrupción de acuerdo con estas fuentes- se inclina por aplicar lo que ya denomina doctrina Fitur que ya ha impuesto a los condenados del primer gran juicio de la trama Gürtel en Valencia. Solo horas después de conocerse su abultadas condenas, el Ministerio Público reclamó la vistilla para solicitar, como al final ocurrió, de Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Creso.
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Sin duda el motivo que más pesa siempre en la Fiscalía para reclamar el ingreso en prisión sin espera conocer si prosperan o no los recursos en el Supremo es el riesgo de fuga del penado. Un riesgo que, en teoría, debe aumentar en consonancia directa con la condena. En el supuesto de Urdangarin ese riesgo de fuga explican fuentes del caso- parece escaso. No obstante, hay una singularidad en este caso: el marido de la infanta vive en el extranjero, en Suiza. Sería cuanto menos anómalo que un condenado pudiera seguir residiendo fuera de España.
Hasta ahora el fiscal Pedro Horrach ha mantenido un criterio dispar. No ha reclamado el ingreso inmediato en prisión del expresidente Jaume Matas tras su primera condena a pesar de la gran cantidad de juicios pendientes. Sí lo hizo en la segunda condena de la expresidenta del parlamento María Antonia Munar. Y lo hizo sin dudar después de conocerse la condena de 16 años de cárcel en el caso Colacaoal exconsejero balear de Industria y Comercio Josep Juan Cardona.
Horrach se ha mostrado "satisfecho" por el sentido del fallo, aunque ha lamentado que el tribunal haya absuelto por completo a la trama valenciana. Anticorrupción, además, va a recurrir ante el Supremo las penas de Urdangarin y Torres, entre otros acusados. En el caso de Urdangarin, el castigo impuesto es la tercera parte de la pena solicitada por el Ministerio Público (19 años y medio).
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