Prisión incondicional para el antiguo responsable de Vivienda de Ceuta

Las actuales consejeras de Hacienda y Educación, Susana Román (PP) y Rabea Mohamed (PP), respectivamente, han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, como el líder del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas), como investigados por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental (algunas fuentes suman por el papel y gestiones que realizaron como miembros de la Comisión Local de la Vivienda durante la legislatura 2011-2015.

A su salida de los Juzgados de la ciudad autónoma las miembros del Ejecutivo autonómico evitaron hacer declaraciones a los medios. Ali, que ha evitado entrar en detalles por estar "apercibido del secreto de sumario" dictado hace ya casi un año y medio sobre las diligencias, ha afirmado tener "la conciencia tranquila" y estar "más convencido que nunca de no haber hecho nunca nada malo". Además, ha puesto su cargo y su escaño a disposición de su partido y ha avanzado que el "eco mediático" que ha tenido su detención le obliga a "reflexionar" sobre su futuro "con mi familia y mis compañeros".

Detenido en Marbella

López fue detenido el martes en Marbella por efectivos de la Udyco de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta. Tras efectuar registros en sus propiedades en la costa andaluza, donde se dedicaba desde el verano de 2015, cuando no entró en las listas del PP ni obtuvo ningún cargo político, el miércoles a primera hora de la mañana fue trasladado a la ciudad autónoma para la práctica de más registros.

Durante la mañana del mismo miércoles agentes de la Policía Nacional visitaron los despachos profesionales e institucionales de Mohamed, Ali y Román para detener a los tres diputados autonómicos. La primera fue localizada en una reunión de la Comisión de Patrimonio, mientras que el segundo y la tercera, que estaba en Málaga para emprender viaje oficial a Madrid, se personaron voluntariamente en la Jefatura, donde se les comunicó su detención. Tras varias horas en dependencias policiales todos ellos fueron trasladados al Palacio de Justicia entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Amenazas

El Gobierno de Ceuta puso en manos de los juzgados durante el verano de 2015 la publicación en un periódico local de una "lista fantasma" de adjudicatarios de las últimas 317 viviendas de promoción pública construidas por el Ministerio de Fomento cerca de la frontera del Tarajal, relación de nombres a la que el Ejecutivo siempre ha negado toda legitimidad.

Vivas desveló posteriormente que López, inicialmente investigado por prevaricación, le había "amenazado" con "reventar esto" si no obtenía ningún cargo en la estructura de su nuevo Ejecutivo. La jueza instructora decretó en octubre el secreto de sumario, que sigue vigente.

A pesar de ello se ha conocido que varios particulares figuran como investigados en la causa tras confesar que pagaron para conseguir ser beneficiarios de una vivienda pública. Durante la investigación las diligencias se ampliaron a promociones anteriores como la construida a escasos metros que fue entregada en 2012, en la que se ha intentado esclarecer la existencia de adjudicatarios vinculados a políticos con capacidad de decisión sobre su reparto.