El Congreso da luz verde a prohibir los indultos a los corruptos

La principal novedad del borrador presentado por el Grupo Socialista y que ha comenzado su andadura parlamentaria es la prohibición de los indultos totales o parciales cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Además, en ese mismo artículo se vetan las medidas de gracias a los "delitos relacionado con la violencia de género".

La propuesta también incluye una demanda del Tribunal Supremo, la de que el Gobierno razone las causas de los indultos que concede y dé detalles del caso, algo que nunca hace el Ejecutivo, que se limita a anunciar vía BOE los perdones que son aprobados en el Consejo de Ministros. El nuevo texto insiste en que se considerará nulo y no producirá efecto el indulto en el que no se explique con detalle: la pena en la que recae la gracia, el delito cometido, el tiempo ya cumplido de condena, el origen de la petición de perdón, y, sobre todo, la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado la concesión de la gracia.

Justicia, equidad o utilidad

Además, la nueva ley prevé dar un papel relevante al tribunal sentenciador, que hasta ahora no tenía ninguna intervención en el proceso para otorgar el perdón. Es más, ni siquiera se le escuchaba. Ahora, el magistrado o el tribunal sentenciador deberán emitir un informe en el que efectivamente certifique que existen esas razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para poder otorgar el indulto total»

El apoyo a la tramitación de este proyecto de ley ha tenido matices. Los más críticos, quizás, Podemos y el PP. Desde la formación morada, su portavoz Iñigo Errejón, ha apuntado que el texto es claramente insuficiente, ya que la prohibición de indultos solo afecta a funcionarios y cargos públicos, pero no a particulares, con lo que cabría que continuasen los polémicos perdones a banqueros. Además, ha afeado que el proyecto no recoja el veto al indulto por delitos ecológicos o urbanísticos.

Rafael Hernando, por el PP, ha lamentado que la reforma se centre exclusivamente en los ilícitos de corrupción cuando otros delitos más graves sí que podría verse beneficiados por el indulto. El portavoz popular ha afirmado que la reforma del derecho de gracia tendría que analizarse en su conjunto.