La Audiencia Nacional reactiva el 'caso Pujol'

En el auto en el que acepta la competencia de los hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción cinco considera que a la vista de las diligencias seguidas en ambos juzgados existe una conexidad entre ambas, tanto en relación con los inculpados como con los hechos punibles, por lo que su acumulación resulta no ya solo funcional sino asimismo necesaria

Esa conexidad, según el juez, se acreditaría por los vínculos existentes entre los miembros de la familia, sus pautas comunes de comportamiento, la coordinación de actividades, la asignación de roles, la distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que recibían en las cuentas bancarias ocultas que mantenían en jurisdicciones extranjeras (Andorra) y el particular sistema de rendición de cuentas para controlar esos repartos de fondos.

Todo ello, dice el magistrado, revela existencia de "un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación y pendientes de calificar".

El juez de la Audiencia Nacional afirma que los miembros de "la familia Pujol- Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

«Supuesta herencia» de Andorra

El juez concluye que para investigar y enjuiciar acerca de la regularidad de la fortuna amasada a lo largo de los años por la familia Pujol-Ferrusola, así como las estrategias puestas en marcha para blanquear los capitales generados, no puede hacerse de forma autónom respecto del origen y gestión de los fondos aparecidos en Andorra y respecto de los que "mantiene un supuesto origen hereditario". Para ganar una visión de conjunto que sitúe a cada miembro de la familia en su justa posición,el juez entiende que las causas deben ser unificadas.

Una vez asumida toda la investigación y para impulsarla, De la Mata cita como investigado para el día 12 de enero a Oleguer Pujol por un delito de blanqueo de capitales. Un día antes, el 11 de enero, interrogará, también como investigados, a Javier y Gabriela de la Rosa Misol, así como a José Luis y José María Villalonga, por el mismo delito.

A todos los anteriores De la Mata les interrogará por la operativas de "ocultamiento y blanqueo de la comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas con motivo de la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander, mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, consiguiendo así que la Hacienda Pública no fuera conocedora de la percepción de las mismas".