Barberá al juez: «Yo no llevaba la campaña; mi misión era elaborar el programa y sacar votos»

El desgaste que ha sufrido Barberá desde que saltó el escándalo de la 'operación Taula', pieza derivada del 'caso Imelsa' en Valencia, se hizo visible durante su paso por el Supremo. La que fuera alcaldesa de la capital del Turia durante 23 años entró y salió de la declaración ante el magistrado Cándido Conde-Pumpido, instructor de su causa, con el rictus cansado, compungido, muy alejado de aquella sonrisa perenne que le acompañaba en los años de vinos y rosas del PP de la Comunidad Valenciana. Cuando ejercía como «lideresa» de una saga victoriosa en todas las administraciones autonómicas durante años.

De las palabras de Barberá ante el juez, cuya transcripción ha tenido acceso COLPISA, destaca la idea de que, pese al imaginado poder que tenía en el PP local, su control sobre el funcionamiento orgánico del partido no era tal. Y menos en la campaña electoral bajo sospecha, la de 2015. Unos comicios en los que no renovó su mayoría absoluta y pasó a la oposición.

«Para la campaña se formaba un comité con concejales, portavoces y militantes. Tenían asignadas funciones económicas y se encargaba de la provisión de fondos. Yo no formaba parte de él, pero sí tenía una relación constante con sus miembros. Mi misión era elaborar el programa político, estar en la calle y sacar votos», declaró la hoy senadora del Grupo Mixto a preguntas del fiscal Juan Ignacio Campos.

«Financiación atípica»

Tras estas disquisiciones iniciales el acusador público entró en arena. Le preguntó a Barberá si el Grupo Municipal manejaba dos cuentas corrientes y la acusada dijo que no sabía. Le mencionó un depósito en La Caixa y ésta reiteró que «no lo conocía». En cambio, la política de 68 años sí se explayó con las cuotas de los militantes. «Era aconsejable que aportaras una cuota dado que el partido necesita financiarse. Eran 60 euros mensuales para los militantes con cargo y 30 el resto. A veces había aportaciones extraordinarias», aseguró. «¿Y no le parece una financiación atípica?", intervino el fiscal. «No lo creo», respondió Barberá.

También le interrogó sobre las ganancias de la lotería del partido para Las Fallas o su amistad con Mari Carmen García Fuster, secretaria general del Grupo Municipal y responsable de la caja, que está imputada junto a otras 46 personas -entre ediles y asesores- en la causa principal que sigue el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia. «He conocido por los medios lo que ha manifestado (García Fuster) sobre las aportaciones de cantidades muy cuantiosas de terceras personas. A mí no me dijo nada», afirmó Barberá sobre su 'mano derecha' en el consistorio.

Sobre estas «cuantiosas aportaciones», el fiscal le preguntó por contratos con empresas privadas para la Mostra de Valencia, un certamen cinematográfico, firmados en función de sus donaciones al PP local, según declararon varios testigos. «Ni intervení en adjudicaciones ni hablé con empresarios. Es más, prohibí que entraran en mi despacho cuando las propuestas estaban en estudio», aseguró.

Finalmente, el fiscal le interrogó sobre la aportación de 1.000 euros «de todos» los militantes y Barberá contestó que «se acordó» en una reunión del Comité de Campaña ya que «vendrían bien» para incrementar sus ingresos. Sin embargo, afirmó que no recordaba quién le dijo que había que donar 1.000 euros. «Se pidieron de forma puntual y no había ningún castigo a quien no contribuyera», subrayó.

Como broche, reiteró que nunca le devolvieron esa cantidad en dos billetes de 500, de procedencia supuestamente ilícita, y que no sabe porque hay cuatro testigos, un 'pinchazo' telefónico o sospechosos ingresos bancarios de investigados que probarían el supuesto 'lavado' de dinero.