RN-1, la parcela de la discordia

Pero antes de entrar en arena hay que perfilar el paisaje: Majadahonda es una localidad a 20 kilómetros al noroeste de Madrid. Tierra de pastores y labriegos, en los años setenta era un pueblo de 5.000 habitantes. A finales de los ochenta, tras una década gobernada por alcaldes socialistas, superó los 30.000 residentes, en línea con el paulatino asentamiento de la clase media en este triángulo noble de la comunidad, compuesto por Pozuelo, Las Rozas y Boadilla. Zona residencial, pasó a manos del PP desde los noventa y superó los 50.000 habitantes a comienzos de siglo. Pero la irrupción del ladrillo tras la liberación del suelo con la ley de 1998 alimentó la construcción hasta superar los 70.000 moradores en 2011.

En este contexto de burbuja inmobiliaria y especulación urbanística es donde Correa situó el origen de 'Gürtel'. «No donde Esperanza Aguirre dice que se destapó», aseguró al tribunal con ironía. «La génesis está en Majadahonda. ¿Quieren que se lo cuente?», introdujo el acusado confeso, que en este municipio fetiche llenó la chequera: 27,7 millones en contratos presuntamente amañados para sus propias empresas y para otras que le pagaron la correspondiente comisión.

Para entender lo que Correa llama «génesis» hay que retrotraerse en el tiempo. Guillermo Ortega heredó la alcaldía en mayo de 2001 de las poderosas manos de Ricardo Romero de Tejada, que había ocupado el sillón desde 1989. Romero de Tejada era secretario general del PP madrileño cuando su nombre apareció sospechosamente ligado al 'Tamayazo', la deserción de dos diputados del PSOE que provocó la repetición de elecciones y el posterior triunfo de Aguirre en 2003.

El ascendente de Correa sobre Ortega, a quien la Fiscalía pide 50 años de prisión en 'Gürtel', era total. Gestionaba adjudicaciones públicas y repartía fondos del ayuntamiento con el regidor, ediles implicados y el PP. Tal era su poder que su mujer, Carmen Rodríguez, también juzgada, llegó a ser jefa del gabinete de Ortega. Y en su órbita también gravitaron dos hombres clave en el devenir del caso, los concejales José Luis Peñas y Juan José Moreno.

En el lado opuesto estaba el exalcalde Romero de Tejada (juzgado por las 'tarjetas black' de Bankia), que no le había dado todo el poder a Ortega cuando dejó el cargo. Sí, era alcalde, pero la empresa pública del suelo, Pammasa, la controlaba Narciso de Foxá, persona de confianza de Romero de Tejada y actual alcalde de Majadahonda. Empezó entonces una guerra sin cuartel que llegó hasta el despacho de Aguirre.

Un valle de millones

La batalla final se libró a finales de 2004 por la citada parcela RN-1, bautizada como «Valle de los Olivos», que su alcalde Ortega quería sacar a concurso por 48 millones de euros y donde estaba autorizada la construcción de 261 viviendas libres a unos 600.000 euros cada, por lo que el premió para la constructora era de 156 millones. Sin embargo, De Foxá quería que la operación la llevara Pammasa a un precio inferior.

Ortega llegó a llevar un dossier a Aguirre de 56 páginas en la que denunciaba la operación de sus oponentes. Pero la presidenta ya tenía la versión contraria: Ortega quería amañar la venta para que se la llevara Martinsa, la empresa de Fernando Martín, investigado por uno de los grandes 'pelotazos' urbanísticos de 'Gürtel' en Arganda del Rey.

El resultado de la contienda fue que Ortega acabó fuera del ayuntamiento en febrero de 2005. Fue sustituido por Narciso de Foxá, que se había hecho con el apoyo de diez de los concejales del PP. Aguirre, no obstante, recolocó al saliente como presidente de la empresa pública Puerta de Toledo para que no diera guerra. Mientras tanto, Peñas y el otro edil díscolo, Juan José Moreno, fueron expulsados del partido. A partir de entonces, pasaron a manos de Correa, que les mantuvo con un sueldo mensual (hasta que se acabó el maná) y trató de montar un partido independiente para que se volvieran a presentar en 2005.

Gracias al sumario de 'Púnica' se sabe que Granados, como 'número dos' de Aguirre, fue el brazo ejecutor de esta operación político-empresarial. «Ordenó la dimisión de Ortega, pues al parecer éste estaba cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluya hacia estancias superiores del partido, cosa que sí hacía su antecesor (Romero de Tejada)». La revelación la hizo en octubre de 2005 el empresario Raúl Calvo y fue grabada por Juan José Moreno, el concejal rebelde próximo a Correa. Calvo era directivo de la constructora DICO, propiedad de David Marjaliza, socio de Granados. También del sumario se conoció el pasado miércoles que esta red le regaló un reloj a De Foxá tras llegar a la alcaldía.