La juez Servini viajará a España en octubre para interrogar a 19 querellados por el franquismo

Según los querellantes, la magistrada lleva desde marzo esperando a que el Ministerio de Justicia español mueva pieza y traslade a la Audiencia Nacional la batería de diligencias de investigación contenidas en su auto de febrero pasado. La razón es que el tribunal con sede en Madrid debe disponer del tiempo necesario para proceder a los interrogatorios, muchos de los cuales se tendrían que celebrar en juzgados ordinarios, bien por su competencia territorial en los hechos denunciados o por la imposibilidad de trasladarse de algunos denunciantes.

No hay motivo aparente para que el departamento dirigido en funciones por Rafael Catalá no haya tramitado aún la requisitoria de la juez, si bien la respuesta desde marzo pasado ya era que "el Gobierno conoce y está estudiando la solicitud judicial, a la que dará contestación cuando proceda". Nada más.

De la celeridad de Justicia depende que la juez Servini pueda cumplir el programa del viaje previsto para octubre, según el abogado Carlos Slepoy, que asesora al colectivo de querellantes que ya suma más de 400 personas. Pese a esta demora, los denunciantes confían en que a principios de septiembre Justicia remita el auto a la Audiencia Nacional y se desbloquee la situación.

La única certeza es que la situación política actual, con un Gobierno en funciones desde hace diez meses, tampoco ha propiciado un clima favorable para que el ministerio encarrile a tiempo la petición de Servini. Tampoco sentó bien los dos procedimientos de extradición a Argentina que tuvo que dirimir la Audiencia Nacional contra dos querellados, el inspector de policía Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', y el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas. Ambos fueron denegados.

Exministros y funcionarios

En caso de tramitarse los exhortos, la pretensión de la juez sería interrogar a los 19 querellados por delitos de torturas, secuestro ilegal o desapariciones en el marco de crímenes contra la humanidad (la competencia estriba en el principio de justicia universal que recoge la jurisdicción argentina). Se trata de que respondan a los hechos recogidos en el sumario a partir de la declaración de denunciantes y de indicios documentales.

Entre ellos se encuentran los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez-Ventura y Fernando Suárez; el abogado Carlos Rey González, que redactó la sentencia de muerte de Puig Antich; el exfiscal del Supremo Antonio Troncoso; el exjuez Jesús Cejas Mohedano; el excomisario Ricardo Algar Barrón; los expolicias Félix Criado Sanz, Benjamín Solsona Cortés, Jesés González Reglero, Jesús Martínez Torres y Jesús Quintana Saracibar; y el médico Abelardo García Belaguer.

Se podría dar la circunstancia de que Justicia se niegue a tramitar el exhorto, pero para ello tendría que justificar por qué no cumple con el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito en 1987 entre ambos países. Asimismo, la juez Servini también ha pedido hace unos días la declaración de varias víctimas residentes en el País Vasco y Cataluña.