Tres ministros con doble función

En apariencia el asunto no resulta tan grave. No ha habido hasta ahora ninguna consecuencia negativa de trascendencia, seguramente porque el gabinete de Rajoy se ha limitado todo este año a funcionar al ralentí, tal y como exige a los mandatarios cesantes la ley de Gobierno aprobada en 1997 (no así la Constitución, que no pone límite alguno a las funciones que puede desempeñar el Gobierno interino). Sin embargo, la imagen de cierta descomposición, como la de una casa que empieza a derruirse poco a poco sin que haya recursos para su reforma, es evidente.

Nunca en España se había estado tanto tiempo en una situación similar. Y a la larga pueden surgir problemas. Porque la labor de un Gobierno consiste, según el artículo 97 de la Constitución, en «la dirección política interior y exterior y, en estrecha relación con ella, la defensa del Estado» y, aunque según sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno en funciones esté privado de esa capacidad de «dirección política» y no pueda tomar decisiones que condicionen o comprometan al que lo sustituya, debe seguir trabajando. Y obligaciones, nacionales e internacionales no faltan.

Desde este martes hay tres ministros que han tenido que asumir responsabilidades de antiguos compañeros de gabinete. El de Economía, Luis de Guindos, sumó a las suyas las labores propias del titular de Industria y Energía, José Manuel Soria, después de que este dimitiera, el pasado mes de abril, al no saber explicar la aparición de su nombre en los papeles de Panamá. Después, la marcha de la ministra de Fomento, Ana Pastor, al Congreso de los Diputados, del que es presidenta desde el pasado 19 de julio, obligó a Rajoy a aprobar un real decreto-ley para encomendar el despacho ordinario de su Ministerio al titular de Justicia, Rafael Catalá, que fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con Pastor y, por tanto, conoce el departamento. La vacante del ministro de Sanidad, candidato del PP a lehendakari, ha pasado a ocuparla Fátima Báñez, que suma su cartera a la de Empleo.

La cosa, de momento, ha parado ahí. Pero también ha estado en el alero el Ministerio del Interior. Toda la oposición reclamó la dimisión de su responsable, Jorge Fernández Díaz, después de que a mediados de junio, salieran a la luz unas grabaciones en las que parecía conspirar con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que, por cierto, fue cesado a raíz de ese escándalo. El jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin embargo, se resistió a a dar su brazo a torcer y, aunque el Congreso planea una futura comisión de investigación sobre sus actuaciones, sigue en el cargo.

Sin reemplazo

En otros niveles de la estructura administrativa, aún más ejecutivos, las cosas no están mejor. En enero dimitió, salpicado por el 'caso Acuamed' el subsecretario de la Presidencia, Federico Ramos, por las gestiones realizadas en su época como secretario de Estado en el Ministerio de Medio Ambiente. Y, por supuesto, no ha podido ser reemplazado. Lo mismo ocurre con Tráfico; su directora general, María Seguí, dimitió hace dos semanas a raíz de una polémica por la financiación de unos proyectos en los que trabajaba su marido.

Además, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hay dos cargos sin cubrir, el del director general de Políticas de Discapacidad, que ocupaba Ignacio Tremiño (ahora diputado del PP por Valladolid), y el de Servicios para la Familia y la Infancia, que estaba en manos de Salomé Adroher. Tampoco hay director general de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación, ni director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en Fomento. Su anterior titular, Juan van Halen Rodríguez, dimitió en febrero tras ser imputado en un juzgado de Madrid por la presunta venta de viviendas a fondos buitre.