Otegi: «Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera»

Fuentes jurídicas han confirmado que el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, ha remitido ese escrito al tribunal -que es al que corresponde ejecutar la sentencia- para que a su vez remita a las juntas electorales vascas las sentencias por las que fue inhabilitado y el auto del Supremo en el que se rechazó su recurso.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, una pena que el Supremo redujo a seis años y medio. Pero, aunque el dirigente abertzale salió de la cárcel el 1 de marzo, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público empezó a cumplirla en septiembre de 2014 (cuando terminó de cumplir una inhabilitación anterior), con lo que estará vigente hasta febrero de 2021.

La cuestión es que en la sentencia no se especifican los cargos para los que está inhabilitado, argumento en el que se apoya Otegi para justificar su candidatura con el precedente de Iker Casanova, elegido parlamentario vasco pese a estar inhabilitado.

Con ese planteamiento recurrió Otegi ante la Audiencia Nacional la ejecución de su condena de inhabilitación, alegando que en la sentencia no se especificaban "los empleos, cargos u honores sobre los que recae la inhabilitación".

«Cualquier cargo público»

Pero la Audiencia, que no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, respondió a Otegi que la liquidación de la condena en cuestión fue aprobada el 24 de enero de 2013 sin que entonces la recurriera, de modo que adquirió firmeza. Al líder abertzale le quedaba entonces la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, pero finalmente desistió.

A raíz del caso Casanova y a petición de la AVT, el Supremo, en su sentencia sobre las herriko tabernas, determinó que la inhabilitación "deberá recaer sobre cualquier cargo público a nivel supranacional, estatal, autonómico o local". Esa misma posición es la que defiende la Fiscalía, que considera que Otegi no puede ser elegido para cualquier cargo público europeo, nacional, autonómico, provincial o local.

El objetivo de la Fiscalía es que la junta electoral del territorio en el que se presente Otegi -que pretende hacerlo por Gipuzkoa- cumpla "de forma imperativa" la sentencia de la Audiencia, ratificada por el Tribunal Supremo.

Debate jurídico

El ministro de Justicia en funciones,Rafael Catalá, ha anunciado hoy que el Gobierno actuará con toda firmeza para garantizar que las juntas electorales rechacen la candidatura de Otegi.

Por ello, se ha mostrado convencido de que el líder de Sortu no estará en las papeletas de EH Bildu, y, en caso de que la Junta Electoral le permita presentarse, la Fiscalía impugnará de urgencia la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Guipúzcoa y, en último caso, ante el Constitucional. También se ha referido a este asunto el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien cree que la postura de la Fiscalía es "muy clara" y que "habrá un debate jurídico" que se "dilucidará en último término en el Constitucional".

División entre los partidos

Sin embargo, los tres principales partidos vascos se oponen a esta medida. El PNV, que ganó las pasadas elecciones autonómicas, ha dicho hoy que Otegi "tiene que poder presentarse". Podemos, que obtuvo el mayor número de votos en las dos últimas citas electorales generales, también pide que concurra, porque "debe ser la ciudadanía la que decida si quiere para Euskadi el proyecto" que representa Otegi.

El PP vasco, por contra, cree que Otegi "tiene que cumplir las sentencias judiciales" como todo el mundo, aunque vaticina que EH Bildu "hará victimismo" y no hay que "entrar en su juego". UPyD defiende que el candidato a lehendakari por EH Bildo no puede presentarse por "coherencia democrática" porque lo contrario sería una burla a las víctimas del terrorismo, y Ciudadanos aplaude la decisión del fiscal y anuncia que este partido llegará "hasta donde pueda" para evitar que Otegi concurra.