Mateo Balín
Martes, 31 de mayo 2016, 13:03
La Guardia Civil concluye en un informe remitido al juzgado que instruye el 'caso Púnica' que el presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, habría incurrido en supuestos delitos de fraude en materia de contratación pública, en relación con los supuestos trabajos reputacionales ... que le había ofertado el empresario investigado Alejandro de Pedro, los cuales serían sufragados con fondos públicos en el marco de un eventual contrato en materia de "formación".
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Este es el resumen del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas policiales, que acusa a Sánchez, entonces consejero de Educación, junto a la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Pilar Barreiro. La UCO atribuye a la parlamentaria los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por los mismos hechos que el presidente murciano.
Con respecto a Pedro Antonio Sánchez, la Guardia Civil también acusa a un trabajador de su gabinete en Educación, David Conesa, de un delito de fraude en contratación pública en relación al concierto para la adjudicación de los citados trabajos reputaciones para su jefe.
Batalla por la presidencia
Los agentes añaden que Pedro Antonio Sánchez estaba interesado en mejorar su reputación personal por las posibles consecuencias derivadas de su imputación en procedimientos penales en un momento en el que estaba en disputa la candidatura futura del PP a la Presidencia de la Región Murcia, en la que pretendían concurrir en disputa con otros candidatos como Juan Carlos Ruiz López, entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación (también investigado en el 'caso Púnica'), que también había confiado en Alejandro de Pedro para mejorar su reputación personal.
Los trabajos al presidente de Murcia nunca se llegaron a ejecutar porque estalló la operación judicial en octubre de 2014. No obstante, la UCO relata en su informe -fechado a 12 de mayo pasado- que fue Pilar Barreiro quien tomó la decisión de avalar la oferta presentado por De Pedro, uno de los principales investigados del caso. Se celebraron una serie de reuniones que terminarían el 24 de octubre de 2014, cerrándose ese día el acuerdo, mientras que la trama Púnica estalló unos días después.
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Sobre el modo de pago, dice la Guardia Civil que era en la Consejería de Industria de Murcia donde se iban a enmascarar trabajos de reputación en contratos públicos de los Institutos de Fomento y Turismo.
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