Aguirre autorizó la recalificación de una finca protegida investigada en 'Púnica'

Entonces, la presidenta autonómica era Esperanza Aguirre y su consejero de Infraestructura y Transportes, Francisco Granados, supuesto cabecilla político de la red corrupta que se encuentra en prisión incondicional desde noviembre de 2014. Aguirre había llegado a la Presidencia tras vencer por mayoría absoluta en los segundos comicios autonómicos convocados en 2003 tras el polémico tamayazo, el transfuguismo de dos parlamentarios socialistas que cambiaron su voto a última hora y evitaron un ejecutivo de izquierdas. Por su parte, Granados fue el fichaje estrella de la líder de los populares madrileños después de revalidar la mayoría absoluta del PP en Valdemoro, una ciudad obrera e históricamente socialista y de la que fue alcalde entre 1999 y 2003.

En aquel Consejo de Gobierno de mayo de 2004 se sentaban, por lo tanto, Aguirre como presidenta y Granados como consejero. Y de aquella reunión semanal salió un acuerdo que una década después anularía de forma definitiva el Tribunal Supremo y que un juez, Eloy Velasco, y dos fiscales anticorrupción han puesto en el punto de mira del caso Púnica tras las revelaciones del cerebro empresarial de la red, David Marjaliza, constructor de Valdemoro y otrora socio de Granados.

La historia del nuevo PGOU de Valdemoro data de 1999, como el origen de la trama Púnica. Fue de las primeras medidas que tomó Granados tras llegar a la alcaldía. Quería convertir tres grandes fincas del municipio en zonas urbanizables. Eran terrenos protegidos por su valor ecológico, forestal y arqueológico, y cuya urbanización era incompatible con su supervivencia. Uno de ellos, quizá el más jugoso por su ubicación, era la finca de El Espartal. Allí quería levantar Granados un «macrocomplejo de chalets de lujo y campos de golf» a 32 kilómetros de Madrid capital.

«¿Se citaron con políticos?»

Como ha confesado Marjaliza ante el juez, el cambio de suelo rústico a urbanizable era la segunda premisa para hacer negocio. La primera, comprar esos terrenos. Pero si éstos pertenecían a la Comunidad de Madrid, como es el caso de El Espartal, finca protegida comprada a Banesto, entonces el modus operandi cambiaba. En cualquier caso, en aquella época los ayuntamientos poseían por ley la herramienta para el desarrollo del planeamiento urbanístico. Y aunque Granados «no estaba en las mesas de contratación, sí había indicaciones a los técnicos», según el testimonio de Marjaliza al que ha tenido acceso este periódico.

Tras revisar el plan inicial, Valdemoro presenta una serie de informes ambientales a la Comunidad de Madrid, organismo que en última instancia aprueba las revisiones urbanísticas municipales. Ésta consideró que los cambios estaban motivados «de acuerdo a la realidad y necesidades del consistorio». Así, el pleno del Consejo de Gobierno de mayo de 2004 aprobó la revisión definitiva del plan con las especificaciones del informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. El plan de El Espartal estaba en marcha.

En su interrogatorio, una de las fiscales del caso le preguntó a Marjaliza por este asunto, por el arreglo administrativo para que el proyecto saliera adelante. «¿Sabe si Granados o José Miguel Moreno Torres (su sustituto como alcalde de Valdemoro) se reunieron con algún político?», preguntó la fiscal al constructor. «Seguro que sí, con la consejería incluso, no sé, hasta con Esperanza Aguirre», contestó escueto el investigado. «Luego no sé qué pasó, no sé quién lo paró», añadió.

Pasó que, tras una demanda de Ecologistas en Acción, el Tribunal Superior de Madrid en 2012 paralizó el plan por falta de motivación. Luego el Supremo, en 2015, confirmó la sentencia y anuló la revisión del PGOU pergeñado por Granados y aprobado por el Consejo de Gobierno de Aguirre. Entre las empresas que iban a acometer ese proyecto estaba OHL y Obrum, en cuyo consejo se sentaba Marjaliza, quien dijo al juez haberse reunido con Javier López Madrid, consejero de ese grupo e investigado en Púnica por la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.