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Mateo Balín
Miércoles, 4 de mayo 2016, 00:30
La juez argentina María Servini, instructora de la querella que investiga los crímenes del franquismo, busca dar un impulso definitivo a la causa ante los obstáculos y el silencio que se está encontrando por parte del Gobierno español para llevar a cabo las diligencias ordenadas ... desde su juzgado. En una batería de diligencias sin precedentes, la magistrada remitió una comisión rogatoria al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según confirmaron los querellantes.
En concreto, la juez de Buenos Aires busca la cooperación del Vaticano para que aporte toda la documentación que tenga "relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977", el período que abarca su investigación, que comenzó en 2010.
Al Estado papal también le reclama documentación relacionada con "los religiosos católicos que fueron objeto (.) de persecución, sanciones, cárcel y torturas", de acuerdo a la solicitud que realizaron los abogados de los denunciantes.
Las pesquisas de la magistrada también alcanzan a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. A los juzgados de cada uno de estos lugares les remitió un exhorto para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información relativa a la investigación de supuestos crímenes de lesa humanidad.
Más diligencias
Del mismo modo, envió escritos a juzgados de Barcelona y Tarragona a fin de que ordenen a la Generalitat de Cataluña a "que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares".
La juez liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas en Mallorca, que se encuentran en la fosa común del cementerio municipal de Porreres. Pidió a través del juzgado de un Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto de Cipriano Martos, un sindicalista afiliado al Partido Comunista que fue detenido, torturado y asesinado en 1973. Y solicitó tomar declaración por videoconferencia a cinco testigos de avanzada edad del País Vasco, a seis de Cataluña y a uno de Asturias.
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