El Congreso lleva al límite su pulso con el Gobierno

El acuerdo, impulsado por todo los grupos parlamentarios a excepción del PP, se produce solo una semana después de que el Congreso diese a Mariano Rajoy y su Gabinete un ultimátum de un mes para rectificar su negativa a comparecer en el hemiciclo si no quiere que el Parlamento lleve el conflicto institucional hasta el Tribunal Constitucional.

Según el acuerdo de la Junta de Portavoces, el 20 de abril, a partir de las nueve de la mañana, los diputados podrán realizar a los miembros del Consejo de Ministros 26 preguntas, ocho por parte del PP; seis, por el PSOE; cinco, por Podemos; tres, por Ciudadanos; y una, PNV, Convergencia, ERC y el Mixto. Lo previsible es que los populares renuncien a realizar las suyas.

El pleno de control al Ejecutivo se plantea en un momento de abierta precampaña electoral motivada por la incapacidad de los partidos para pactar un nuevo Gobierno, que apunta a la repetición de las elecciones generales.

Grave conflicto institucional

Mariano Rajoy y los miembros de su Gabinete tendrán que decidir si el 20 de abril responden a las preguntas o si, en coherencia con su negativa a ser controlados, se niegan a contestar o incluso ni siquiera acuden al pleno como han hecho los ministros que hasta ahora han sido citados en las comparecencias de las comisiones.

Todo apunta a que entonces el Parlamento vivirá un situación inédita, la imagen más clara del grave conflicto institucional que enfrenta a ambos poderes del Estado, pues el pleno no se desconvocará vengan o no los miembros del Gobierno y los diputados realizarán sus preguntas vayan a ser contestadas o no.

Será la constatación de un enfrentamiento que tendrán que dilucidar los tribunales a través del conflicto de atribuciones ante el Constitucional que planteará en breve el Congreso, con el que demanda a la corte de garantías que declare que el Ejecutivo está violando lo dispuesto en la Carta Magna y las leyes y que le obligue a someterse al control del Parlamento.