La desconexión de Cataluña ya se ha iniciado en el ámbito municipal

Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga (Barcelona), de la CUP, hizo este martes efectivo un primer acto de desobediencia a la justicia española, como proclaman los anticapitalistas y tal y como recoge la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre en la Cámara catalana y que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

La edil barcelonesa estaba llamada a declarar en un juzgado de Berga, acusada de un delito electoral por haberse negado a descolgar la estelada (bandera independentista) del balcón consistorial durante las elecciones del 27-S, como requirió la junta electoral central. Venturós no compareció ante el juez "por coherencia con el derecho a desobedecer" y por la independencia. "Desobedeceré sin miedo, para obedecer el mandato del pueblo y no a los tribunales españoles", afirmó.

La responsable municipal recibió además la semana pasada un requerimiento de la Audiencia Nacional por haber aprobado una moción en apoyo a la declaración del 9-N. También en este caso se propone desobedecer a la Audiencia Nacional. Es lo que ya ha hecho otro alcalde, el de Celrà, un pequeño municipio de Girona gobernado por la CUP, que ha ignorado ya dos requerimientos de envío de documentación por parte de la Audiencia Nacional. En diciembre pasado, la Audiencia Nacional abrió diligencias contra el Ayuntamiento de Celrà para investigar si los miembros del pleno municipal cometieron delitos de rebelión, sedición, prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos al aprobar el 10 de noviembre una moción de apoyo a la resolución independentista. También Viladamat (Girona) se ha negado a colaborar con la Audiencia Nacional y el goteo municipal irá a más, pues son cerca de 200 los ayuntamientos investigados por apoyar la declaración de ruptura del 9-N.