Chaves reitera que en su mandato «no se adoptaron o mantuvieron» decisiones ilegales

Chaves se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha limitado a ratificar la declaración realizada el pasado mes de abril en el Tribunal Supremo, donde compareció en calidad de aforado y quedó como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. Apenas 27 minutos ha durado su estancia en el despacho del juez de apoyo Álvaro Martín.

Fuentes judiciales han señalado que el presidente, que se ha mostrado "altanero" en su declaración, ha recordado que "ya quedó fijada su posición" ante los hechos ocurridos en su declaración en el TS, según ha detallado posteriormente en un comunicado remitido por su defensa. Así, no ha respondido a las preguntas realizadas el fiscal, "muy exhaustivas" y relativas a la concesión de ayudas concretas y su relación con el ex director general de Trabajo y principal implicado en el caso Javier Guerrero. Tampoco ha respondido a la acusacion que ejerce el PP, que le ha inquirido por un préstamo concedido en 2001 a una empresa que posteriormente en 2006 se benefició de una ayuda por el mismo importe pero ya con cargo a la partida de los ERE, en una especie de préstamo a fondo perdido.

El juez investiga el papel que pudieron jugar tanto Chaves como su sucesor, Jose Antonio Griñán, en la implantación en la administración andaluza de un procedimiento -considerado inadecuado por la anterior juez instructora Mercedes Alaya- para abonar ayudas de forma discrecional y al margen de cualquier control. Ambos exmandatarios ya prestaron declaración sobre estos extremos en el Tribunal Supremo la pasada primera. En aquel entonces, Griñan apuntó que no creía "que existiera un gran plan, pero sí un gran fraude". Unas palabras que matizó después Chaves al asegurar que serían los jueces quienes "decidieran si hubo un fraude, y si fue grande o pequeño", dejando de relieve las pésimas relaciones entre quienes antaño fueron grandes amigos.