La defensa de Griñán carga contra las «presiones políticas» para que declaren los expresidentes

Abucheado al igual que Manuel Chaves tanto a la entrada como a la salida, Griñan se ha mostrado "tranquilo" y no ha querido hacer declaraciones a los medios. Tampoco ha respondido a las preguntas formulada por fiscal y PP, referidas a ayudas muy concretas. Su defensa ha insistido en que se ha vulnerado su derecho de defensa y la igualdad de las partes al haber declarado ya con anterioridad en el Supremo, donde acudió en calidad de aforado al ser entonces senador, y que las respuestas a las 119 preguntas formuladas entonces están incorporadas a la causa. "Desde las elecciones del 20-D, el Gobierno ha presionado para que se produzcan estas declaraciones y (Chaves y Griñán) hagan el paseíllo y compensen otros casos de corrupción nuevos que hay", ha aseverado el abogadode Griñán, que tras su paso por el Supremo quedó acusado de prevaricacion administrativa.

Interrogado por este aspecto, el letrado ha lamentado que se trata de un "show para compensar los últimos casos de corrupción del país" , recordado que el Fiscal Anticorrupción visitó recientemente los juzgados de Sevilla y a su homologo en el caso y poco después se producía la citación. Y que la comparecencia responde a que "al fiscal se le ha ocurrido una nueva pregunta".

Tras el expresidente Griñán ha llegado el turno del exconsejero andaluz de Empleo, José Antonio Viera, que ha seguido la tónica y se ha limitado a ratificar su anterior comparecencia. Viera, a quien el Supremo acusó de prevaricación administrativa y malversación, ha oído las preguntas que tanto fiscal como PP han formulado relativas a la firma del convenio marco en 2001 que amparó el pago de las ayudas. La defensa del PP ha preguntado además si el objetivo de ese convenio era "el pago a personas afines al PSOE por servicios prestados o para garantizar resultados electorales".

En su declaración en el Supremo, Viera insistió en que su labor en la Consejería se limitaba a la acción política, y negó haber creado la estructura que dio origen a la supuesta trama fraudulenta de los ERE, descargando la responsabilidad en las personas que estaban por debajo de él en el organigrama de la Consejería de Empleo.