Cuatro detenidos en Huelva por su vinculación con el fraude de los cursos de formación

Fuentes policiales han informado de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han lanzado esta nueva fase de la operación Edu, bautizada como Eduende, ordenada por el juzgado de instrucción número 5 de Huelva.

Se trata de una operación contra las supuestas irregularidades en las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo para acciones de formación en la provincia de Huelva.

La Policía investiga posibles irregularidades, prevaricación y malversación de caudales públicos cometidas por los diversos estamentos de la Junta de Andalucía encargados de la concesión, control, supervisión y fiscalización de dichas ayudas publicas y otra serie de irregularidades en las empresas beneficiarias.

Las fuentes consultadas han indicado que los investigadores de la UDEF han constatado un fraude de 2,9 millones de euros por parte de las empresas sobre las que se ha actuado, pero la cuantía total de fondos públicos concedidos en la resolución investigada asciende a 12,1 millones de euros.

Los detenidos son el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez.

De acuerdo con los investigadores, el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo habría consentido la tramitación de una resolución de concesión de fondos públicos, en la que se habrían repartido dichos fondos finalistas para formación de una manera arbitraria y prevaricadora.

Para tratar de ocultar sus actos, implicó al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo para que firmase, bajo una supuesta delegación de firma hecha en fraude de ley, la publicación de la resolución así como la gran mayoría de los convenios de colaboración con las entidades beneficiarias.

De hecho, la Policía cree que incluso llegó a certificar con su firma que los fondos asignados a ciertas empresas, supuestamente afines, habían sido empleados y justificados correctamente, cuando era manifiestamente evidente el desvío que se había producido de los mismos.

Los investigadores acusan al director provincial de llevar la "batuta directriz" de esa actuación y al jefe de Servicio del SAE en Huelva de ejecutar las acciones, pues manejaba el servicio a su antojo e intereses personales.

Sostienen que el jefe de Servicio vació de contenido real la estructura organizativa y apartó a las personas y funcionarios que no se avenían a sus prácticas ilícitas. Y le acusan de controlar directamente a qué empresas se les debían dar las subvenciones independientemente de si cumplían o no los requisitos legalmente exigidos, determinando las baremaciones de manera arbitraria y de falsear la constitución del Órgano Colegiado dispuesto legalmente para estas actividades, para lo que se saltaba a su superior jerárquico, la secretaria provincial del SAE.