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El 'caso Púnica', la “gigantesca red de tráfico de influencias” que afecta a administraciones de varias comunidades, fue dividido en 14 piezas separadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco antes de que abandonara el juzgado. Su objetivo era agilizar la instrucción de ... la trama corrupta y el enjuiciamiento de las partes del procedimiento más avanzadas (el primer juicio se celebrará en noviembre y se verá el presunto 'chivatazo' de dos guardias civiles a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, a quien la Fiscalía reclama tres años de prisión por aprovecharse de la revelación de secretos de los primeros sobre esta investigación).
Esta pieza es la número uno, llamada 'Talamino', en 'honor' al apellido de uno de los dos agentes juzgados. Mientras que la número catorce, quizá la más importante en virtud del dinero público supuestamente malversado, se refiere a la investigación de Arpegio, la sociedad pública de la Comunidad de Madrid dedicada a la promoción industrial de suelo y a la inversión regional de todo tipo de obras y servicios. Esta pieza conocida como 'Ramo III', que mantiene parte de sus pesquisas secretas, es quizá la más virginal indiciariamente hablando y los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguen recabando datos y llevando a cabo múltiples registros.
En una de estas intervenciones a los principales investigados en la pieza de Arpegio (Granados llegó a ser presidente de la sociedad como consejero de Presidencia del Gobierno de Aguirre, una circunstancia que le permitió asegurarse el control de la mesa de contratación y los planes de inversión regionales entre 2006 y 2011 por valor de 1.000 millones de euros), los agentes de la UCO se llevaron una buena sorpresa. Fueron los pasados 16 y 17 de mayo, durante los registros del domicilio y despacho del empresario Adolfo Fernández Maestre.
Madrileño de 65 años, Fernández Maestre está imputado como “cooperador necesario desde su posición de particular” en el presunto saqueo de Arpegio (después llamado Nueva Arpegio y ahora Obras de Madrid). Según un informe de la UCO, al que ha tenido acceso este periódico, el empresario habría participado en 13 delitos como administrador de la sociedad contratista, llamada Dusa, encargada de la gestión integral de las licitaciones del Plan Prisma (de inversiones regionales) 2006-2007. Lo hizo “desde su función de gestión de los concursos públicos, facilitando los conciertos con los contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en los procesos de adjudicación” a cambio de supuestas comisiones o de contratos a sus empresas, según los investigadores.
Así, la posición del investigado en 'Púnica' es clave para la UCO y en los registros llevados a cabo en su casa de la calle Ibiza de Madrid, en su despacho de la calle Génova o en la caja de seguridad de una sucursal de Bankia aparecieron en total 100.000 euros en metálico (3.800 en dólares dólares). Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue el hallazgo en su domicilio de una arma corta modelo Llama, para la que Fernández Maestre no tenía licencia. Los agentes llamaron de inmediato al juez Velasco y éste autorizó la ampliación del registro por un delito de tenencia ilícita de armas.
En esa misma casa de la calle Ibiza aparecieron, además del arma, 15.400 euros y 3.800 dólares de los 100.000 incautados, mientras que en la caja de seguridad de Bankia, abierta por un empleado con la presencia de la esposa del empresario, Sagrario Gómez, el abogado familiar y una comitiva judicial, se incautaron de los 82.500 euros restantes. En la caja 510 había diez sobres clasificados, en su mayoría con billetes de 500, pero también de 200, 100 y unos pocos de 50 euros. La esposa de Fernández Maestre aseguró que era dinero procedente de una sociedad limitada y de los ahorros de la venta de un piso. Asimismo, que 60.000 euros se ingresaron en octubre de 2008. Sin embargo, la autoridad judicial intervino el dinero y dejó uno de los sobres, que curiosamente estaba vacío.
Por todo ello, para los investigadores hay signos de enriquecimiento personal y ocultación de rentas respecto al presunto cabecilla de Arpegio, Fernández Maestre, que se habría “aprovechado para sí y para terceros las ganancia de la sociedad pública de la Comunidad de Madrid, y los consorcios a través de las mercantiles Dusa y Adolfo Fernández Asociados con sus transferencias a Suiza”, donde tenía una cuenta. El empresario estaba citado para comparecer este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sustituto de Eloy Velasco. Su investigación en 'Púnica' coincidió con su cese como presidente del tribunal económico-administrativo de la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.
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