Consejo Económico y Social de Castilla y León
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El Norte
Viernes, 11 de abril 2025, 16:04
Los Consejos Económicos y Sociales consideran que la economía social y el cooperativismo son muy relevantes para el medio rural y creen firmemente que reflejan y defienden los valores sobre los que se ha construido la Unión Europea. La economía social y el cooperativismo son tanto una oportunidad como un vehículo para la participación ciudadana, la responsabilidad y para ser dueños de nuestro futuro sostenible. Sin embargo, queda mucho por hacer para aumentar su reconocimiento y visibilidad.
El CES de Castilla y León apuesta por apoyar institucionalmente a estas entidades en el 2025, declarado por la ONU año internacional del cooperativismo, y mostrar la fuerza de la economía social con todas sus organizaciones regionales representadas en el Consejo y colaborar con la Administración autonómica competente en la materia. Para el CES es el momento oportuno para hablar de la relevancia que está alcanzando la economía social y el cooperativismo en el ámbito rural y también para dar a conocer la economía social como emprendimiento.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen previo a la aprobación del Plan de acción de la Unión para la economía social, de 18 de mayo de 2022, lo acogió con satisfacción, pues incorporaba muchos puntos clave planteados por el Comité a lo largo de los años, desde su primer Dictamen en 2009 sobre la economía social.
El CESE destaca que el plan de acción de la Comisión Europea señala claramente que las instituciones europeas deben promover y reconocer las diferentes formas jurídicas que caracterizan el ecosistema de la economía social, en particular debido a su papel en el apoyo a la economía local y a la proximidad a los territorios y comunidades locales. También valora muy positivamente que la Comisión proponga acompañar a los Estados miembros a la hora de definir medidas en favor de la economía social como modelo de desarrollo económico y social más sostenible, inclusivo e innovador. En particular, el CESE considera importante que la Comisión se proponga intervenir, de forma directa o con los Estados miembros, en tres ámbitos prioritarios: crear unas condiciones justas para la economía social; ofrecer oportunidades para poner en marcha y ampliar sus actividades, y garantizar el reconocimiento de la economía social.
El pasado 7 de febrero el CESE acogió en Bruselas la presentación del Informe estadístico sobre la Economía Social en la UE, impulsado por la Comisión Europea en el marco del Plan de Acción para la Economía Social. El informe cifra en 11,5 millones las personas empleadas en la Economía Social en la UE, a través de 4,3 millones de empresas y entidades, integradas por cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y empresas sociales.
Según los datos extraídos del informe, por países, de los 11,5 millones de personas empleadas en la Economía Social europea encabezan la clasificación Alemania, con 3,4 millones, y Francia, con cerca de 2,6 millones. A ellas le siguen Italia (más de 1,5 millones de empleadas en la Economía Social) y España (casi 1,4 millones). Ya a distancia se encuentran Bélgica (592.000 empleos en economía social), Polonia (250.000) y Portugal (245.000).
El informe estadístico destaca para España los datos aportados por la plataforma española de economía social CEPES en 2023 con su estudio Análisis del Impacto Socioeconómico de los Valores y Principios de la Economía Social en España, que entre sus hallazgos han demostrado, por ejemplo, que la economía social tiene una fuerte presencia en las zonas rurales y ciudades medianas de España, que tiene una gran resiliencia a la destrucción de empleo y que un escenario alternativo, en el que las entidades de la economía social pierden sus principios y comienzan a comportarse como empresas con fines de lucro, perderían 181.000 puestos de trabajo, que actualmente están ocupados en España por grupos con dificultades de empleabilidad.
El Consejo de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 2023, aprobó una Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social (DOUE 29 de noviembre de 2023), en la que afirma que las entidades de la economía social pueden estimular el desarrollo económico e industrial sostenible y promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad. También contribuyen de manera significativa a los sistemas de protección social de la Unión al complementar los servicios públicos, revitalizar las zonas rurales y despobladas de la Unión y desempeñar un papel importante en la política internacional de desarrollo. Y nos recuerda, que es en las zonas remotas y rurales con menos empleo y menos ofertas educativas, las entidades de la economía social pueden ofrecer oportunidades muy necesarias, haciendo que esas regiones sean más atractivas. Por lo tanto, el desarrollo de los ecosistemas de la economía social de la Unión contribuye a mitigar las consecuencias del envejecimiento de la población, la despoblación y otras tendencias demográficas, y a promover el desarrollo económico e industrial local.
Por último, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 66.ª reunión plenaria, el 18 de abril de 2023, adoptó la Resolución Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible, en la que reconoce la función que, por su arraigo local, pueden desempeñar las entidades de la economía social y solidaria para ofrecer oportunidades de trabajo decente y empoderar a las mujeres, incluidas las mujeres de las zonas rurales, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables, y reconociendo su contribución al desarrollo comunitario y la cohesión social y al fomento de la diversidad, la solidaridad y la protección y el respeto de los conocimientos y las culturas tradicionales.
Afirma el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que en nuestra Comunidad «se pusieron los primeros cimientos de la futura organización municipal, con documentos como el Fuero o Carta Puebla de Brañosera (siglo IX), que puede considerarse con orgullo como el municipio más antiguo de España». El conde Munio Núñez rubricó el célebre documento el 13 de octubre del año 824 en el reinado de Alfonso II. La riqueza de «sus montes y sus cauces de agua, fuentes, con los huertos de sus valles y todos sus frutos», unida a su estratégica ubicación en la montaña palentina, convirtieron este enclave en el primer municipio.Mil doscientos años después se constata que aquella fue una decisión especialmente acertada, puesto que los municipios fundamentan la participación real, como señala el artículo 1.1 de la Ley Bases del Régimen Local («Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades»). Las políticas públicas dirigidas a los municipios rurales y de zonas de montaña resultan esenciales para afrontar el reto demográfico y la adecuada vertebración del territorio (artículo 130 de la Constitución Española). Además, el cooperativismo y la economía social en general contribuyen al desarrollo y el bienestar, como lo hacen desde entonces los usos comunales. Así las cosas, la acción colaborativa, dada la relevancia de los sectores agrario y forestal, amén de la pujanza de la innovadora economía verde, ha propiciado el proyecto 'Reactiva Brañosera', liderado por su Ayuntamiento y la Fundación Santa María la Real, con el apoyo de la Universidad de Valladolid, la Fundación Ávila y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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