Hasta seis meses para examinarse del práctico de conducir por falta de personal

Para el Instituto de Tráfico y Transporte (ITT), la única solución posible para solucionar el caos actual por el que atraviesan muchas jefaturas del país es la concesión inmediata de una partida presupuestaria de al menos dos millones de euros para que los examinadores de tráfico puedan hacer horas extraordinarias de forma voluntaria. Esta solución, aunque es un parche temporal al problema de fondo, una plantilla de examinadores insuficiente para el volumen de pruebas que existe, no supondría ningún coste para la Administración, que podría recuperar rápida y fácilmente esa inversión a través del cobro de las tasas de examen que pagan los alumnos.

«La negativa de la Dirección General de Tráfico a autorizar esa partida presupuestaria que permita realizar horas extras a los examinadores, impide que se pueda reducir la larga lista de aspirantes que existe en muchas regiones, aumentando el número de pruebas pendientes y colapsando el servicio de exámenes actual. Un servicio que es público, del cual es responsable único y que no se está llevando a cabo de forma correcta», indica Javier Báez, consejero portavoz de ITT. «No entendemos el motivo por el cual la Administración no toma ya esta medida, qué extraña y oculta razón, que las autoescuelas y los ciudadanos desconocen, impide que se haga efectiva esta acción.»

«Si se pudieran realizar horas extras, se solucionaría el atasco, ya que se agilizaría y se mejoraría la fluidez del servicio al haber un mayor número de pruebas diarias y las autoescuelas podríamos salvar una parte importante de este año 2021, que viene siendo un desastre para nosotros, económicamente hablando», señala Báez. «Sabemos que el 70% de los examinadores estaría dispuesto a realizar esas horas extras. De los 93 euros que la DGT recauda por la tasa para examinarse de cualquier permiso, el funcionario examinador recibiría 16 euros la hora por cada hora extraordinaria que realizase. El resto, es beneficio para el Estado.»

«Por no invertir dos millones de euros en pagar horas extras, miles de personas aún esperan una fecha para poder examinarse del permiso de conducir y poder obtener un trabajo o presentarse a una oposición. Por dos millones de euros, las empresas dedicadas a la formación de conductores nos estamos arruinando. Por sólo dos millones de euros, las marcas de automóviles no pueden vender coches nuevos o usados. Nada. A nuestro sector le espera un futuro de ruina y cierre y el Gobierno y la DGT no dan soluciones para aliviar la situación de colapso que sufren muchas Jefaturas», remarca.

Por último, Javier Báez exige «como representantes de las autoescuelas afectadas que el Gobierno tome medidas cartas en el asunto de forma inmediata y adopte medidas urgentes que solucionen el problema ahora. Las autoescuelas queremos examinar a nuestros alumnos pero no se nos permite».