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Juan Roig Valor y Patxi Fernández
Jueves, 23 de marzo 2023, 04:20
Casi ocho años después de que estallara el escándalo del « Dieselgate», sus ecos siguen reverberando en la industria del automóvil europea. La introducción de un sistema más estricto de medición de gases, pasando del protocolo de homologación NEDC al actual WLTP, o las modificaciones ... de las ITV para conocer los datos a través de la centralita son solo dos ejemplos de los muchos cambios desencadenados desde 2015.
Los eventos del «Dieselgate» hicieron que la Comisión Europea pusiera el foco en una familia de gases especialmente nocivos para los humanos, los óxidos de nitrógeno (NOx). Estos, según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), presentes en la contaminación atmosférica a escala local, fueron en gran medida responsables de 35.400 muertes prematuras en 2015, una cuota del 14% del total.
Aunque el principal responsable del escándalo de las emisiones fue el Grupo Volkswagen –se estima que afectó a unos 11 millones de sus vehículos y que su coste ha superado los 32.000 millones de euros–, la asociación medioambiental señala que otros fabricantes también presentan «niveles sospechosos» de NOx, lo que podría indicar que en torno a 53 millones de coches diésel vendidos en Europa entre 2009 y 2019.
Estos se corresponden a las normativas de contaminación Euro 5 y Euro 6. Esta última entró en vigor en 2014 y lo estuvo hasta 2019, año que coincidió con la llegada de su actualización Euro 6d y el cambio de pruebas de medición al ciclo WLTP.
A raíz del «Dieselgate» los fabricantes tuvieron que demostrar que sus vehículos no contaban con un dispositivo para falsear los datos de gases nocivos. Los datos a los que ha tenido acceso ICCT supusieron unas 700.000 mediciones diferentes en cinco países. Según la organización, un 75% de las medias de los valores de los propulsores de gasóleo superaban los «niveles extremos»» o tres veces la cifra marcada por los reglamentos Euro correspondientes.
Existen varios tipos de óxidos de nitrógeno, por eso se denominan NOx a todos ellos. El NO y el NO2 tienden a oxidarse con el oxígeno presente en la atmósfera y se transforman en NO3. Esta molécula tiene tendencia a asociarse con el hidrógeno (también presente en la humedad del aire) y se transforma en HNO3, que es ácido nítrico. También se pueden formar moléculas de N2O, que son muy estables, con un ciclo de vida de unos 170 años y son muy peligrosos al destruir el ozono y provocar el efecto invernadero.
«Es difícil rebatir lo que es una gran cantidad de datos analizados y pruebas recogidas de múltiples fuentes. Todos ellos apuntan en la misma dirección y presentan una base sólida de evidencia para que las autoridades investiguen y tomen medidas correctivas para hacer frente a los riesgos para la salud que plantean los coches diésel que circulan por nuestras carreteras», afirma Peter Mock, Director General para Europa del ICCT.
En una sentencia publicada en diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que «únicamente los riesgos de daños inmediatos que generen un peligro concreto durante la conducción del vehículo pueden justificar el uso de un dispositivo de desactivación».
Esto supone que algunos de los mecanismos que han empleado los constructores, alegando que eran necesarios para garantizar la longevidad de sus motores, ahora podrían ser considerados como ilegales por parte de la jurisprudencia comunitaria. Sin embargo, uno de los problemas que presenta esta clasificación es que muchos de los modelos que cita el informe de ICCT, como los antiguos Renault Laguna, Ford Focus, Dacia Duster, Volvo S60, Fiat 500X o BMW 116d ya no están en producción.
Además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido el passado martes que los afectados por el «Dieselgate» tienen derecho a recibir una indemnización. En la sentencia, el tribunal europeo reconoce que la normativa comunitaria prohíbe los dispositivos que ocultan los niveles de emisiones reales de los vehículos y califica de «negligencia» las actuaciones de los fabricantes que lo hicieron. Sin embargo, la sentencia no determina el importe de la compensación y señala que esta tarea corresponde a los distintos Estados miembros.
Las estimaciones de la organización medioambiental es que 19,1 millones de vehículos con emisiones «sospechosas» –que superan el umbral de emisiones fijado por la ley– y 13 millones con niveles «extremos» siguen circulando por las carreteras de Europa.
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