Aumenta la brecha de electromovilidad de España respecto a Europa

Desde Anfac apuntan que, al ritmo actual, no se alcanzará el objetivo de 190.000 turismos electrificados necesarios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2023. En concreto, a cierre del primer trimestre solo se matricularon 25.447 unidades, una lenta evolución que, de mantenerse a lo largo de 2023, se situará en torno a las 100.000 unidades.

Respecto al contexto nacional, Madrid se mantiene liderando el ranking con un total de 27,6 puntos sobre 100 por encima de la media nacional. En cuanto al resto de comunidades, Navarra y Cataluña se sitúan en los puestos de cabeza. A pesar de las grandes diferencias en el avance en la electrificación del mercado por CC. AA., destacan las mejoras observadas en el último trimestre en La Rioja y la Comunidad Valenciana.

El lento avance se hace más visible al compararnos con los países europeos, donde la media se sitúa en un total de 23,8 puntos sobre 100, con un aumento de 1,3 puntos, y duplicando la valoración general de desarrollo respecto a España.

En los tres primeros meses del año, el indicador de penetración del vehículo electrificado logra una valoración media de 17,4 puntos, que representa un crecimiento de 0,5 puntos. Con esta puntuación España se posiciona en el antepenúltimo puesto del ranking del Barómetro de Electromovilidad con valores de cerca de 20 puntos por debajo de la media europea. Por el contrario, destaca la evolución de países como Países Bajos (4,9 puntos), Portugal (3,2 puntos) y Francia (2,2 puntos), que lideran la mejora europea del primer trimestre de 2023.

En el caso de Portugal, gracias a las medidas en materia de incentivos fiscales y de impulso a la infraestructura de recarga de acceso público ha experimentado un crecimiento de 1,9 puntos, lo que le sitúa cerca de la media europea y se aleja de los puestos de cola. Asimismo, países como Países Bajos o Francia continúan a la cabeza y crecen por encima de la media. Mientras que España, con más de 10 puntos por debajo de la media de Europa, se ubica al mismo nivel de desarrollo que países como Italia, Hungría o República Checa.

En los tres primeros meses del año, se ha alcanzado una valoración de 4,5 puntos sobre 100 en el indicador de infraestructura de recarga, que representa un aumento de tan solo 6 décimas. España se sitúa muy lejos del ritmo de desarrollo de la media europea que logra crecer en 1,3 puntos, hasta alcanzar una valoración total de 10,6 puntos.

La región que presenta el mejor crecimiento trimestral es Cantabria (1,5 puntos), seguida de Castilla y León, Cataluña y Navarra (0,8 puntos en los tres casos).

Durante el primer trimestre, se ha producido un crecimiento de 2.115 nuevos puntos, siendo uno de los mayores crecimientos trimestrales recogidos en el Barómetro de la Electromovilidad y sumando un total de 20.243 puntos de recarga en toda España. Sin embargo, 1.537 de estos nuevos puntos son de potencia de hasta 22 kW o inferior, lo que indica que el 73% del crecimiento de nuevos puntos se produce en un rango de potencia baja.

Del total de puntos de recarga de acceso público de alta potencia (≥ 250 kW) existente, aproximadamente el 85% responde a proyectos de fabricantes de automóviles.

Las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad. Según Anfac, el despliegue de este tipo de infraestructuras de alta potencia, que permite recargas similares a la experiencia de repostaje de un vehículo de combustión interna, «es esencial para el desarrollo del vehículo eléctrico y absolutamente prioritaria para la movilidad eléctrica con vehículos pesados para el transporte de mercancías y personas».

Según José López-Tafall, director general de Anfac, «esta lenta evolución debe revertirse si queremos que la movilidad cero emisiones en el sector de la automoción en España despegue y llegar a ser un hub de la nueva electromovilidad, Nuestras recetas son conocidas: mejorar la eficiencia de los planes de ayuda; acelerar el ritmo de desarrollo de infraestructura de recarga pública y crear un modelo para su gobernanza y, por encima de todo, establecer un marco fiscal que ayude a los ciudadanos y empresas a apostar por la nueva movilidad«.

Las dificultades administrativas se ven reflejadas, según el análisis de la Asociación, en los 6.475 puntos que se encuentran fuera de servicio, debido a que no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica o por encontrarse en mal estado o averiados.