El Gobierno no consigue aprobar la prórroga de las ayudas del Plan MOVES

Por último, el decreto también contemplaba ayudas de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes y un 70% en localidades con una población superior a la anterior, que también decaen desde mañana.

Para las patronales de la automoción Anfac y FACONAUTO, la no convalidación en el Congreso de los Diputados de la prórroga del plan MOVES y la deducción del 15% hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico supone que el vehículo eléctrico se queda sin ayudas a la compra en España a partir de la publicación de esta votación en el BOE.

«Este es el peor escenario que podía acontecer», ya que según los datos de Anfac y ACEA, la patronal de los fabricantes europeos de automoción, en 2024 los turismos eléctricos sumaron sólo el 5,6% de la cuota de mercado en España, muy lejos de la media europea que se sitúa en el 13,6%.

«Sin las ayudas a la compra, como se ha demostrado en otros países de la Unión Europea, se paralizan las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que marcan España y la Unión Europea», afirman en un comunicado.

Desde Anfac y FACONAUTO explican que el sector de la automoción está comprometido con la reducción de emisiones y con el tránsito hacia la electromovilidad, pero si en España, como segundo fabricante de automóviles, se paralizan las ventas de eléctricos, «los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2, que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas. Y si se tradujese en una pérdida de ventas en todo el mercado, la afectación para los concesionarios también sería elevada y con consecuencias para el empleo».

Las ayudas del Plan MOVES contemplan un importe de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos. Para los turismos, la ayuda alcanzaba los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros con achatarramiento).

El decreto también contemplaba ayudas de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes y un 70% en localidades con una población superior a la anterior.

Estas ayudas recogían, asimismo, subvenciones para las empresas y administraciones públicas que establecieran puntos de recarga de hasta 50kW, por importe de entre el 35% y el 55% del costes en localidades superiores a 5.000 habitantes; y de entre el 40% y el 60% en localidades inferiores a 5.000 habitantes.

Las empresas y administraciones públicas que instalaran puntos de recarga superior a 50kW podían disfrutar de una subvención de entre el 30% y el 40% de lo invertido, en función de los tipos de localidades.