«Efecto rodeo»: el peligro de poner peajes en las autovías

Una reciente encuesta realizada por el Real Club del Automóvil (RACE) el 73,7% de los españoles no estaría dispuesto a pagar en sus desplazamientos habituales por autopistas y autovías. Y más de un 80% optaría por buscar rutas alternativas para evitar el pago. Por otro lado, según un estudio de la aseguradora Línea Directa el 64% de los accidentes con víctimas en vías interurbanas se producen en carreteras convencionales. En este tipo de vías se concentran además el 75% de los fallecidos. Su letalidad es además 1,5 veces superior a la de las autovías y autopistas.

«Este peaje, que afectará a los bolsillos de los conductores, obligará a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. Por tanto, el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación», advierten desde Astic, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, que predice como consecuencia un aumento de la siniestralidad.

En España, un ejemplo está en la Nacional II, que en Gerona corre paralalela a la autopista de peaje AP-7. Según un recuento realizado por La Vanguardia, el veto a la circulación de camiones, que desde 2013 han sido obligados a circular por la autopista, supuso una reducción de la siniestralidad del 60%. Ahora, el recargo por el uso de las autovías puede causar un efecto inverso en toda España, generando un efecto rodeo para coches y camiones, dado que sus usuarios tendrían un aliciente para desviarse a las carreteras convencionales o secundarias.

«El 'pago por uso' podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales, de manera que se desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad», subraya por su parte el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas. Según el mencionado estudio de Línea Directa, las carreteras convencionales o secundarias «son el agujero negro de la seguridad vial». En ellas se producen numerosos accidentes, como salidas de la vía -el 35% del total de accidentes, con el 37% de los fallecidos- o colisiones frontales y frontolaterales -el 23,5% de los accidentes y el 28% de los fallecidos-.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, discrepa de este enfoque. Preguntado esta semana sobre si le preocupa que esta medida traslade el tráfico a las carreteras convencionales, donde hay una mayor siniestralidad, Navarro contestó que no y argumentó que «el viaje largo se hace por autopista o autovía». «Nadie se va a meter a hacer un viaje largo por la carretera convencional», zanjó, según Ep. «Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad», según Navarro.

En contraposición, tanto el RACE como Astic insisten en que los conductores y los transportistas ya pagan de sobra por el mantenimiento de las vías. «La dueña de un restaurante en un apartado pueblo, tenga coche o no, lo use o no, se beneficia de que la red de carreteras españolas permita que le lleguen tanto suministros como clientes hasta su negocio. Si extrapolamos este ejemplo a medicinas, vacunas como las del Covid, suministros agrícolas, distribución de pesca o casi cualquier otra faceta de la actividad cotidiana, veremos que, sin carreteras, nuestra sociedad sería mucho menos eficiente, cohesionada y próspera», recalca Ramón Valdivia, director general de Astic. «Por tanto, entre todos debemos sufragarlas, ya que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de una buena red de carreteras; además hay que insistir en que los usuarios ya pagamos con creces vía impuestos de hidrocarburos»,

Según un estudio de la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos (Acea), en España se recaudan cada año más de 30.000 millones de euros, 1.068 por cada vehículo nuevo vendido. «Los usuarios de las carreteras españolas -particulares y profesionales del transporte- ya pagamos mucho más de lo que costamos –creación y mantenimiento de las redes viales incluidos– con nuestros impuestos sobre el combustible. Teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas», dicen desde Astic.

En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica, revisiones de ADR y ATP...). «Es decir, esta nueva tasa es, en realidad, un «repago»», aseguraron ayer en un comunicado. En él hablaban de «tasa tóxica» para la economía, dado que los nuevos peajes «tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad de la economía española ya que encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que nos visitan por carretera».

Quienes sí defienden abiertamente la necesidad de imponer peajes son las constructoras. Los ven, de hecho, imprescindibles para asegurar un adecuado mantenimiento de las infraestructuras. Según un informe de la patronal Seopan, con datos de 2018, la inversión actual es un 34% inferior a la registrada en 1986. Sin embargo, nuestras necesidades de inversión en infraestructuras de transporte público, de accesibilidad urbana y de movilidad interurbana suman más de 64.000 millones de euros y nuestro déficit inversor en la red viaria convencional, según la Asociación Española de la Carretera, supera los 7.200 millones de euros.

Más de veinte países europeos tienen tarificada el 100% de sus redes viarias de gran capacidad que supera los 62.000 kilómetros, mientras que España tiene, actualmente, tan solo el 18%. «La financiación de las carreteras por los usuarios proporciona a estos países importantes ingresos adicionales que se destinan al mantenimiento de las vías y a nuevas inversiones generando, además, un importante retorno fiscal a través del IVA», defiende Seopan.