Los afectados por el Dieselgate tienen derecho a indemnización, según la justicia europea

El TJUE indica que la normativa nacional «no puede imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de una adecuada indemnización». El fallo argumenta que la legislación comunitaria protege, además de los intereses generales, también «los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante de este cuando dicho vehículo esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido«.

La sentencia publicada este corresponde a una denuncia presentada por un particular contra el grupo Mercedes-Benz ante el tribunal penal de Ravensburg (Alemania), por el que el comprador del vehículo había denunciado al fabricante al saber que su automóvil tenía instalado un dispositivo que ocultaba el nivel de emisiones reales.

De esta forma, el TJUE sigue las recomendaciones que emitió el abogado general el pasado junio, que en su escrito de conclusiones también se posicionó a favor de los consumidores. Sin embargo, la sentencia de este martes no determina el importe de la compensación y señala que esta tarea corresponde a los distintos Estados miembros.

Todo comenzó el 18 de septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y la Junta de Recursos del Aire de California acusaban a Volkswagen (VW) de usar en sus coches diésel un «software» para emitir menos gases nocivos en las pruebas de homologación.

Tras el escándalo del «dieselgate» el 7 de septiembre de 2017 las autoridades de la Comisión Europea enviaron una carta al Grupo Volkswagen en la que lo instaban a reparar rápidamente todos los vehículos afectados. En diciembre de 2017, Volkswagen se comprometió a seguir ofreciendo reparaciones gratuitas en 2018. En julio de 2018, la Comisión y las autoridades nacionales de protección de los consumidores publicaron sus conclusiones sobre los 8,5 millones de vehículos llamados a revisión en la Unión por el Grupo Volkswagen tras el escándalo Dieselgate. Las autoridades acogieron favorablemente los esfuerzos de Volkswagen para generar confianza en las llamadas a revisión, y la mejora significativa de la información facilitada a los consumidores. La tasa de reparación superó en 2020 el 80 % y el Grupo se comprometió a continuar la actualización gratuita hasta finales de ese mismo año. La Comisión y las autoridades de consumo lamentaron, sin embargo, que la empresa no haya podido ofrecer una garantía completa y clara en caso de problemas después de la reparación.

El 11 de agosto de 2020, el comisario de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, escribió al Grupo Volkswagen para animarlo encarecidamente a ofrecer una compensación justa a todos los consumidores de la UE afectados, haciendo hincapié en que los consumidores esperan recibir un trato justo y obtener una compensación adecuada por los daños que han sufrido de manera similar en toda la Unión.

A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las autoridades CPC, coordinadas por la Comisión Europea, emitieron una declaración el 28 de septiembre de 2021 en la que concluían que las prácticas comerciales de Volkswagen en relación con la comercialización de vehículos diésel equipados con sistemas ilegales de manipulación de los gases de escape infringían la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores. Las autoridades pidieron a la empresa que buscara soluciones adecuadas para los consumidores de la UE que tratan de obtener una compensación a través de las diversas demandas interpuestas, a fin de evitar años de litigios adicionales. Hasta ahora, VW solo ha aceptado compensar a los consumidores de la UE que residían en Alemania en el momento de la compra del coche.

En respuesta, VW comunicó a la Comisión y a las autoridades CPC que consideraba que los pagos voluntarios a consumidores europeos residentes fuera de Alemania no estaban justificados, ya que los vehículos afectados ya se habían modificado para cumplir los requisitos legales.

Ya en 2021 y tras cinco años de lucha, la OCU ganaba la batalla que libraba en tribunales en defensa de los afectados por los motores trucados de Volkswagen. esta organizaciín de consumidores pedía que se reconociera el engaño de grupo Volkswagen al manipular sus motores diésel, falseando las emisiones y las verdaderas emisiones y solicitaba para los afectados indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, por un importe de 3.000 euros por afectado. esta sentencia fue recurrida el 23 de febrero de 2021 por el grupo volkswagen.