En la Audiencia Provincial de León, en un lugar que no le es desconocido, el empresario minero Victorino Alonso ha remarcado este lunes que él no era responsable «de nada» en la explotación de Nueva Julia.
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En la sala y de forma vehemente el ... empresario ha remarcado que nunca piso la explotación, que ignora quién la restauró y que dejó la administración en 2009, por lo que se siente ajeno a cualquier delito contra el medio ambiente.
Alonso ha sido persistente en sus planteamientos: no es responsable de nada, no sabe nada y no debería estar en el banquillo.
'Invasión' de Villablino
En esa línea se ha intentado distanciar de los delitos que se juzgan en este caso al mismo tiempo que ha remarcado que si la explotación de Nueva Julia invadió el municipio de Villablino en 15 hectáreas fue algo «insignificante».
«No es lo mismo 15 hectáreas en la Castellana que en el mundo rural», ha venido a señalar en la sala.
Mientras el Gobierno de España reclama a Victorino Alonso y el jefe de explotación de Nueva Julia 24,3 millones de euros por gastos de restauración financiados por Estado y Junta (75% y 25%). Esta explotación supuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea condenara a España por perjuicio mediambiental.
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'Balones fuera'
Alonso, eso sí, ha culpado a Feliciano Mateos si algo se hizo mal ya que éste era el director facultativo y responsable y ha asegurado que parte del problema generado llegó por los cambios en el Plan del Carbón, que obligó al cierre repentino de las explotaciones y no se cumplió el quinquenio.
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Todo ello sin dejar de remarcar que los imputados que tendrían que estar en la causa son los que estaban en esa época y no él quien, según insistió, se desvinculó de la explotación en 2009.
Petición de ocho años
Mientras, las acusaciones mantienen una petición de 8 años para los implicados en la causa. La petición se justifica por un delito continuado medioambiental (afección gravísima al medio ambiente sin restauración) y daños fluviales. Afecta a impacto en el agua, daño al habitat en zonas protegidas y a fauna en peligro de extinción (urogallo y oso cantábrico).
Además, según el informe de la Junta, sólo se restauró una hectárea de 129 que debían dedicarse a ello.
Mientras, el otro acusado, Manuel Santamaría (jefe de explotación de 1998 a 2010), también ha culpado en sala al director facultativo y él asegura que restauraban lo que explotaban incidiendo en que en su caso «solo dirigía máquinas donde me mandaban».
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«Estaba muy bien hecha»
Santamaría llegó a confesar que en las visitas de los responsables técnicos de la Junta nadie le informó «que no se estuviera haciendo bien ni mandaron parar la explotación. «Era una explotación muy bien hecha», reiteró. Además, afirmó que todo ese espacio era ya «una superficie lunar» que había sido explotada anteriormente con minas de interior y que no había sido restaurada.
Sobre la invasión en 15 hectáreas del territorio de Villablino, para la que no se contaba con ningún tipo de licencia, el jefe de explotación cree que resultó ser «un beneficio para el pueblo» porque carecía de valor ecológico y solo se hizo un saneamiento de la zona.
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Su abogado ha reclamado para él que concurra la prescripción de los hechos al entender que ha pasado más tiempo del debido para su instrucción, algo que ha tratado de desmontar el ministerio fiscal.
Los testigos cuestionan la versión del empresario y hablan de «denuncias acumulativas»
Un agente medioambiental aseguró hoy en la Audiencia Provincial de León que un encargado de la explotación minera Nueva Julia-La Mora en el término municipal de Cabrillanes (León) le expulsó de la misma en marzo de 2009 cuando acudió a comprobar la extensión en varias hectáreas pertenecientes el Ayuntamiento de Villablino «sin autorización de ningún tipo».
«Llegué a hacer las mediciones pertinentes y me empezaron a poner problemas, llegaron que no entendían a razones, con una actitud fuera de lugar y me invitaron a irme», señaló el testigo, que había acudido a la zona a «comprobar que la explotación se había integrado donde no debía, ya que los montes de Villablino estaban vigilados».
Así lo explicó durante su declaración en el juicio que juzga al empresario minero Victorino Alonso, en calidad de presidente, gerente, accionista mayoritario y administrador de la sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada y su sucesora Coto Minero Cantábrico, junto al fuera jefe de la explotación minera hasta el año 2010, Manuel Santamaría, por un delito contra el medio ambiente por la explotación minera de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en los parajes conocidos como Nueva Julia y La Mora.
Durante su testimonio, el agente afirmó que «se fueron haciendo denuncias acumulativas una detrás de otra» por la ocupación de esos terrenos, pero la empresa «siguió ocupando con su actividad y ocupando más terrenos, hasta ocupar una veintena de hectáreas en la zona del Ayuntamiento de Villablino».
En el turno de declaración de los testigos, también acudió a la Audiencia de León un extrabajador de las empresas MSP y posteriormente de CMC dentro de la administración de la secretaría general, quien aseguró que «en cualquier decisión tomada en las explotaciones las órdenes directas eran de un director general, que daba instrucciones director planificación, que a su vez se las daba al director facultativo de la explotación que fuera».
El testigo se jubiló en diciembre de 2009 y, tal y como afirmó, hasta ese momento «no había habido ningún expediente sancionador a la explotación Nueva Julia», cuya restauración aseguró haber visto que se llevaba a cabo, para lo que «se utilizaban empresas contratas, que estaban bajo órdenes del director facultativo».
De igual forma, sobre la ocupación de terrenos del Ayuntamiento de Villablino, expuso que «el director de planificación y control dijo que, dada la superficie mínima que representaba, no hacía falta hacer ningún tipo de proyecto» para utilizarlo.
El este sentido, el secretario de la Junta Vecinal de Villar de Santiago explicó que la ocupación de los terrenos se produjo después de que se le pidiera a la empresa que subsanara y reparara unas cortas de hasta 18 metros de profundidad provocadas por la explotación de interior La Miranda, para lo que acordaron con el director general que «se subsanaría el daño existente cuando la explotación se acercase a ese lugar», algo que «no ocurrió porque se paralizó».
En la misma línea se manifestó otro de los testigos citados a propuesta de la defensa, quien quiso dejar claro que «la ocupación de los terrenos no fue una extralimitación», sino que «se hizo para reparar los daños causados por la explotación subterránea de La Miranda» en una zona «donde no había planteado ningún otro proyecto de explotación porque las capas interesantes ya habían sido explotadas por interior».
Una zona que «no afecta a ninguna zona crítica», ya que «por ejemplo las del urogallo estaban bastante lejanas», mientras que «con respecto al oso pardo las más cercanas estaban a cuatro kilómetros».
Otras citas judiciales
La de este lunes no es la primera ocasión en la que el empresario minero Victorino Alonso se ve las caras con la justicia. Entonces el mpresario era propietario del coto de caza de Bastarás, de 2.000 hectáreas, y allí eliminó el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves. Fue condenado a dos años de cárcel pero finalmente el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le ha suspendido denitivamente la condena basándose, entre otras cosas, en que es insolvente para afrontar la elevada cuantía.
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Alonso también fue condenado por la Audiencia Provincial de León a dos años y seis meses de prisión al considerar que es autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación ilegal de la mina El Feixolín, en Villablino.
En aquel caso se le impuso multa de 19 meses con una cuota diaria de 15 euros, y dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales. Sin embargo fue absuelto de los delitos sobre la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística de los que era acusado.
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