Sánchez traslada a la UE la urgencia de activar los planes de transición de las regiones mineras

Sánchez recordó en Bruselas la necesidad de que Europa «empiece lo antes posible ese 'nuevo acuerdo verde' para la transición hacia una economía libre de carbono». En este punto, recordó que España «es el primer país del mundo con una estrategia» justa que lleve a la eliminación de las emisiones de CO2 en 2050. Para demostrar la firmeza de su Gobierno en este ámbito, recordó los 600 millones de euros que anunció el pasado lunes, en Oviedo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Una cantidad con la que el Ejecutivo socialista pretende atenuar los efectos de la descarbonización en las zonas más susceptibles de salir mal paradas como consecuencia del cambio de modelo energético auspiciado por la Unión Europea.

Estos fondos propios del Estado se destinará, sobre todo, a comarcas del Principado, Castilla y León y Aragón, pero entre «las que León tiene un peso particularmente importante», tal y como apuntó Ribera en su vista a la comarca berciana. Este abultado montante se empleará en los llamados convenios de transición justa, que se materializarán en Asturias entre mayo y septiembre del año que viene, según el calendario que maneja el ministerio.

Por el momento, se han identificado las cuatro zonas en Castilla y León en las que se centrarán los convenios de transición justa para reactivar la economía de las zonas históricamente asociadas a la extracción de carbón.

Según su ámbito geográfico, uno de los convenios se destinará a la zona del Bierzo, otro a Laciana y Babia, otro para La Robla y Pola de Gordón y un último convenio para la zona de Velilla y Guardo.

Tras la primera reunión de trabajo celebrada esta misma semana en la sede de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en el municipio berciano de Cubillos del Sil, los acuerdos se firmarán entre mayo y septiembre del año próximo, según apuntó Ribera.

El objetivo de esos convenios es impulsar proyectos generadores de empleo «solvente, sostenible y de calidad». «La mejor opción es la que se quiera en cada una de las zonas», apuntó Ribera durante su visita, que valoró el papel de Ciuden como «un referente fundamental para trabajar sobre el terreno». En total, los convenios de transición justa tienen previsto movilizar recursos por valor de 600 millones de euros en Asturias, Aragón y Castilla y León.

El Gobierno español reconoce que la puesta en marcha de estos convenios es «una carrera ajustada en el tiempo», por lo que es imperativo concretar cuanto antes las necesidades de los territorios y así dar una respuesta ágil y acertada.

En ese escenario, la iniciativa pública tendrá un «papel clave», avanzó Ribera, ya que no está previsto «sustituir una macroactividad como una central térmica por otra» sino que el plan del Gobierno pasa por «generar un semillero de actividades económicas» que permita el crecimiento y la consolidación de distintos nichos de generación de empleo en cada una de las zonas.

Además, la ministra también confió en la puesta en marcha del plan de restauración de las explotaciones mineras, cuyo coste a nivel nacional se calcula en 76 millones de euros.