El recurso planteado ante el Tribunal Constitucional frena el ingreso en prisión de Victorino Alonso

El empresario, dueño de la finca de caza de Bastarás, donde está la cueva de Chaves, fue juzgado en noviembre de 2016 por ordenar la realización de obras en el interior.

Él sabía que existía un yacimiento y que periódicamente acudían hasta allí los arqueólogos. A pesar de ello, dio orden de que entrara la excavadora para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención cercano a la cueva.

El empresario leonés Victorino Alonso ha sido condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves.

El juez hace responsable subsidiario a la empresa Fimbas -propietaria del coto de Bastarás- del pago de la indemnización. La sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número uno, absuelve a Alonso del delito medioambiental que le imputaba Ecologistas en Acción y le obliga al pago de las costas del juicio.

Los trabajos ordenados por Victorino Alonso, según la sentencia a la que ha tenido acceso leonoticias, ocasionaron el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves.

Un extremo que consta en el atestado elaborado por la Guardia Civil, así como en el informe pericial del arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA e incluso en el informe pericial de la defensa, donde se admite como incuestionable la producción de una importante afección en el depósito arqueológico de la Cueva de Chaves.

El juez, además impone la citada multa de más de 25 millones de euros la mitad de la cuantía que elaboró el director de las excavaciones de Chaves, Vicente Baldellou.

La sentencia, recogida por leonoticias, asegura que «que teniendo en cuenta que la Cueva de Chaves era posiblemente uno de los dos yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica, resulta censurable e inexplicable que la cueva no contara con una protección específica, es decir, que no existiera una resolución que la declarara expresamente como Bien de Interés Cultural».

Igualmente la sentencia, que admite recurso, condena a Victorino Alonso García por ser el autor «penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico, previsto y penado en el artículo 323 del Código Penal conforme a la redacción anterior a la LO 1/15, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena, debiendo indemnizar a la DGA en la cantidad de 25.490.805 euros, cantidad de la que responderá subsidiariamente la empresa Fimbas S.A y debiendo satisfacer las costas de este proceso, quedando absuelto del delito contra el medio ambiente que se le imputaba».

Durante la vista oral, el empresario minero, que fue abucheado a su llegada a las dependencias judiciales, se mostró tranquilo durante toda su declaración en la que, según ya hizo durante la fase instructora, señaló que no era administradro ni de Fimbas ni de Ferpi, empresa que gestionaba el coto donde se ubicaba el yacimiento y la que realizó las obras, respectivamente.