El presidente de los expertos en transición energética comparecerá este martes en el Congreso

Sanz presentará a los diputados el informe de los expertos, que en su escenario central contempla ampliar a 50 años la vida útil de las centrales nucleares, diez años más de lo establecido hasta ahora, ya que su cierre incrementaría el precio de la electricidad en un 20 por ciento.

Según este informe, que debe servir para elaborar una ponencia en la Cámara Baja, alargando la vida de las centrales nucleares en diez años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. Asimismo, pide una revisión del Plan General de Residuos Radioactivos.

Por otro lado, el informe, que fue aprobado con once votos favorables y tres abstenciones, prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en 2030. Además, detecta deficiencias del modelo fiscal español y apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la UE en materia de cambio climático.

En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, por 'el que contamina paga'. Con este escenario, las simulaciones realizadas por la comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el siete por ciento para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo, que en el caso del gasóleo sería del 28,6 por ciento, mientras que en la gasolina sería menos de un por ciento.

Estas modificaciones de precios -explica el informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.

En este capítulo fiscal, propone también 'sacar' de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).

Por último, en cuanto al Bono Social el informe recomienda considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los Presupuestos del Estado.