Podemos propone una ley de cambio climático que contemple el cierre de todas las térmicas antes del 31 de diciembre de 2025

La generación de energía es uno de los puntos básicos de esta iniciativa, que fija la prohibición de ampliar permisos de explotación de centrales nucleares en funcionamiento, así como la denegación para abrir nuevas instalaciones, de manera que «antes de terminar 2024 no haya ninguna operando en España» y señala también el final de las centrales térmicas de carbón antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, la explotación de las centrales hidroeléctricas pasaría a ser asumida por organismos públicos «como regla general» una vez caducada la concesión actual.

Su propuesta de reforma del mercado eléctrico español incluye también un cargo a la sobrerretribución para «terminar con los beneficios caídos del cielo de ciertas centrales de generación» y distintas «medidas de democratización» como el desarrollo del autoconsumo renovable, eliminando el denominado «impuesto al sol».

La reestructuración de las facturas de la electricidad y el gas contemplada por esta normativa establece que el término fijo no podrá representar más del 25 % del variable y que la parte regulada de este último será progresiva en el precio a medida que aumente el consumo.

La proposición supone una reforma «profunda» del modelo energético con la vista puesta en el cambio climático e incluye una potenciación máxima de las renovables, prohibiendo la prospección y extracción de hidrocarburos «en todo el territorio estatal» y «en particular» la fractura hidráulica o 'fracking'.

Entre sus «ambiciosos» objetivos figura la reducción de un 35 % de emisiones de CO2 -respecto a 1990- para 2030 y de un 95 % para 2050 y la generación de un 80 % de electricidad vía renovables para 2030 y del 100 % para 2050.

Igualmente, establece un objetivo mínimo de venta de turismos eléctricos del 3% del parque automovilístico en 2020, que llegaría al 100 % en 2040, así como un reciclaje del 100 % para envases ligeros y plásticos antes de 2030.

Para financiar la descarbonización se propone una reforma fiscal ambiental con «dos características fundamentales»: subir la recaudación ambiental en España, «que apenas supone un 1,6 % del PIB» hasta la media europea del 2,4 %, y fijar la progresividad del sistema fiscal para «reducir la desigualdad económica».

Ello incluiría reformas del impuesto de hidrocarburos «que homogeneice progresivamente en cuatro años el tipo general del diésel y la gasolina», así como de los de matriculación y circulación, del impuesto especial de la electricidad, el IRPF y el IVA, además de establecer un nuevo impuesto a las transacciones financieras.

El diputado de Unidos Podemos, Pablo Echenique, que ha participado en la presentación de la propuesta, ha destacado que esta Ley supone «traducir a código legislativo la máxima de que la transición energética será justa o no será», favoreciendo la creación de empleo verde puesto que «no hay que elegir entre sostenibilidad y alimentar a una familia».

Otro diputado de la formación morada, Josep Vendrell, ha destacado que con medidas como éstas se eliminarían «las trampas de la factura de la luz», mientras que el coportavoz de Equo Juantxo López de Uralde ha incidido en la importancia de «la desinversión estatal en combustibles fósiles con límites a la nuclear».