El Plan de Recuperación europeo impulsará la restauración minera y apoyará la empleabilidad de los trabajadores excedentes de la minería del carbón

En la reunión han participado Laura Martín Murillo, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ) - organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)- y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO de Industria), Unión General de los Trabajadores (UGT-FICA) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión).

El Instituto para la Transición Justa ha trabajado para incluir en el Plan europeo el Plan de restauración ambiental para explotaciones en cierre o abandonadas que, dotado con 150 millones de euros, permitirá flexibilizar y agilizar la puesta en marcha de estas tareas, llamadas a mitigar en el corto plazo el impacto en el empleo.

El Plan europeo también incluye inversiones por valor de 10 millones de euros para mejorar la empleabilidad del conjunto de los trabajadores de zonas afectadas por el cese de la actividad minera que encuentren dificultades para encontrar nuevos empleos, situación que se ha visto agravada por la pandemia Covid-19.

Estas ayudas deberán encauzarse hacia la generación de nueva actividad y empleo en el corto plazo, y en brindar apoyo a los trabajadores en su transición hacia nuevas áreas de actividad en el campo de las energías renovables y el medio ambiente que, tal y como prevé el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, van a tener en los próximos años una importante demanda de empleo.

A punto de cumplirse los dos años de cobertura del régimen especial de ayudas a los trabajadores directos de las empresas -que incluían el reconocimiento de la prestación de desempleo por el periodo máximo legal de 24 meses, conocida como «contador a cero», y las indemnizaciones previstas en el Acuerdo Marco- los representantes sindicales han solicitado medidas para acompañar a los trabajadores hasta que puedan emplearse en las labores de restauración.

El ITJ y el Ministerio de Trabajo y Economía Social están trabajando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones de acompañamiento y de ayudas para la formación, así como en bonificaciones a empresas, para dinamizar el acceso al empleo de estos trabajadores excedentes de la minería del carbón.

Sobre las labores de restauración de explotaciones mineras -de competencia autonómica- el ITJ ha presentado en la reunión el informe del papel dinamizador desempeñado durante el año 2020 y la propuesta para elaborar un nuevo instrumento ligado al Plan de Recuperación. Este Plan, dotado con 150 millones de euros, articulado para su puesta en marcha en marcos de colaboración con las Comunidades Autónomas, identificará los proyectos a realizar y priorizará la contratación de excedentes mineros y la generación de empleo local.

Con la inclusión del Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre dentro del Plan de recuperación europeo, se flexibilizará y agilizará su puesta en marcha con los efectos positivos sobre el empleo en el corto plazo.

En cumplimiento de otro de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco, en el trascurso de la reunión se ha informado de cómo se ha alcanzado la fase final de la adjudicación a una compañía especializada del servicio de acompañamiento a la inserción en el mercado laboral de trabajadores excedentes, directos y pertenecientes a las subcontratas, del sector de la minería del carbón inscritos en la bolsa de trabajo, creada a tal efecto por el ITJ.

Con este servicio se pretende mejorar la empleabilidad de estos trabajadores, ofreciéndoles una atención personalizada que permita determinar la formación necesaria para su recualificación o su reciclaje profesional que se plasmará en itinerarios individualizados. Además de gestionar esa formación -en el propio territorio o en otros ámbitos geográficos- establecerá incentivos como, por ejemplo, becas de desplazamiento y manutención que les permitan movilidad, o cualquier otra medida que les facilite la conciliación de la vida familiar y laboral.

La empresa adjudicataria realizará una búsqueda activa de ofertas de trabajo, acompañando y asesorando al trabajador en la firma de un contrato de trabajo, el alta en el registro como trabajador autónomo o cualquier otra actuación que le permita incorporarse a la vida activa. El servicio se pondrá en marcha el próximo mes de enero y contará con oficinas en los territorios.

Para impulsar la actividad económica alternativa en las comarcas mineras, el ITJ ha elaborado una línea de ayudas por valor de 27 millones de euros, destinada a apoyar la financiación de proyectos empresariales generadores de empleo -con 20 millones de euros- y pequeños proyectos de inversión, con 7 millones de euros.

Esta línea de ayudas supuso en 2019 el apoyo a 140 proyectos con una generación de 648 empleos y la movilización de 126 millones de euros en estos territorios.

La nueva convocatoria correspondiente al periodo 2020-2023 ha superado las fases de consulta pública e información pública publicando las Órdenes de bases en las próximas semanas.

El ITJ está finalizando la gestión para la firma, antes de final de año, del Marco 2013-2018 con el que se apoya la realización de tareas de restauración, infraestructuras de saneamiento, optimización energética y otras iniciativas para la mejora de los servicios de las zonas afectadas por la reestructuración de la minería.

Tal como se había incluido en el acuerdo, se ha apostado por la promoción de las energías renovables en las comarcas mineras. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) contempla priorizar las zonas en transición justa en su línea de ayudas a instalaciones de energías renovables innovadoras, dotada con 316 millones de euros en 2020.

El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo sostenible de las Comarcas mineras para el periodo 2019-2027, firmado el 24 de octubre entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal de empresarios de minas de carbón y formalizado a través del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento que vele por el cumplimiento de los compromisos alcanzados y que debe reunirse, de forma ordinaria, cada seis meses.

Hasta la fecha, el calendario de reuniones mantenidas en el año 2020 ha sido de cuatro encuentros convocados en los meses de marzo, julio, septiembre y diciembre. La fecha prevista para la próxima cita es el 27 de enero de 2021.