Cs pide información a la Junta sobre el coste de la restauración medioambiental de las minas

Ante la previsión de posibles nuevos cierres de explotaciones, la Junta -detallaron en un comunicado- se enfrenta ahora a la posibilidad de inversiones millonarias de dinero público debido a la insuficiencia de los avales recogidos de las empresas para restauraciones de explotaciones y que el Gobierno autonómico tendrá que compensar por imposición de la normativa europea. Por ello, Mitadiel preguntó por el coste que va a suponer para el Gobierno autonómico compensar estos avales, como ya está ocurriendo en minas de Villablino (León), con millonarios pagos por parte del erario público.

Además, el procurador requirió información sobre cómo se va a aplicar la Estrategia de los Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 24 de agosto de 2017, especialmente sobre los Planes de Labores (visitas de inspección de los técnicos de minas de la Administración) de la citada Estrategia, puesto que ante el probable importante volumen de acciones administrativas «los cuerpos de ingenieros e ingenieros técnicos de minas de las provincias de León y Palencia se han reducido un 40 por ciento», explica el parlamentario de Ciudadanos.

La formación apuntó que la minería del carbón se ha visto reducida a su mínima expresión, al igual que el número de trabajadores de este sector, lo que ha traído como consecuencia el éxodo de una parte de la población en edad de trabajar en busca de trabajo. Sin embargo, el nivel de exigencia para reclamar actuaciones compensatorias a la desaparición de a minería, añaden, «que han llevado a cabo durante los últimos años el PP y el PSOE no ha podido frenarla catástrofe social y económica de las cuencas».

«La transición ya se ha producido, y no ha sido justa, con desastrosos efectos socioeconómicos sin que las ayudas recibidas hayan tenido efecto para compensar la actividad perdida, mientras que el bipartidismo ha desperdiciado un precioso tiempo en intentar dilatar los plazos de cierre sin plantear batalla para la obtención de alternativas y oportunidades, ni mediante la creación de un marco administrativo adecuado para garantizar la correcta aplicación de la ley en cuanto al cierre de explotaciones», explicó Mitadiel.