La mitad de los convenios del Plan del Carbón no se justificaron y el 35% pudieron desviarse a otros fines

A ese fin, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas, se destinaron más de mil millones de euros que de algún modo complementaron otros 24.000 millones de euros aportados en ese tiempo bien a la producción del mineral, al cese de la misma o a los denominados complementos sociales de sus trabajadores.

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Tan brutal inversión económica, ni logró sostener el empleo, ni generó nichos de actividad económica y menos aún recompuso las cuencas mineras. De algún modo, el dinero se empleó de forma no adecuada y tan solo sirvió para crear una estructura de interminable aportación pública pero carente de lógica empresarial alguna. Dinero sin fin para evitar, si acaso, una revuelta laboral en un sector marcado a lo largo de su historia por la heroica de sus trabajadores, entregados a una misión casi imposible como era arrancar mineral de las entrañas de la tierra.

Ahora, a las puertas de recibir los últimos 307 millones que deberían servir para hacer florecer actividad económica sobre la propia tumba del sector minero, el Tribunal de Cuentas ha evidenciado que lo ocurrido durante las dos últimas décadas fue un despropósito ajeno al buen orden y al criterio.

De los mil millones de euros de inversión pública (170.000 millones de las viejas y olvidadas pesetas) la mitad se fueron a la papelera de reciclaje sin cumplir con los objetivos marcados. El Tribunal de Cuentas, en un informe demoledor, asegura que «se han advertido incidencias en la justificación en un 51% de los convenios revisados«. Con ser grave esta justificación no lo es menos que casi cuatro de cada diez convenios (proyectos de desarrollo para zonas desfavorecidas) el Tribunal también aprecia que en un 35% de los expedientes revisados no hubo la correspondiente revisión lo que supuso «un riesgo elevado en cuanto a que la prestación ejecutada y subvencionada no se correspondiera en su totalidad con lo proyectado».

Algunos ejemplos son elocuentes. No ocurrió en León pero sí en el Ayuntamiento de Berga. En 2007 fue objeto de una ayuda sectorial con el objeto de la compra de un «edificio plurifuncional» y la redacción del proyecto de rehabilitación, incluyendo los estudios necesarios, por importe de 509.000 euros. El Ayuntamiento, según se ha conocido ahora, «adquirió un inmueble a una Fundación privada, cuya presidencia era ostentada por el Alcalde-Presidente del propio Ayuntamiento«.

Eso fue a kilómetros de distancia. Más cerca se emplearon las ayudas para la reactivación económica en remodelar el Ayuntamiento de Sabero (León) o en comprar camiones de autoescala de bomberos que más tarde fueron todoterreno y que finalmente terminaron, sobre el papel, en León capital o lo que es lo mismo fuera del marco abierto para las ayudas a las cuencas mineras.

Y esas pinceladas se obtienen de la revisión se los seis convenios abiertos para el apoyo a la reconversión minera. Mil millones de euros que ahora son cuestionados y que fueron un complemento a los 23.000 que se aportaron para sostener el sector.

Hoy, con la luz apagada en el sector, las cuencas se encomiendan a la difícil tarea de intentar hacer con 307 millones lo que nunca se hizo con otros 24.000 millones de aportación directa.