La Junta solicita que municipios mineros se incluyan en la Transición Justa y se les impulse ante al cierre de las térmicas

En el encuentro se ha revisado el desarrollo del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros con vigencia entre 2016 y 2020. El Plan ha movilizado recursos que ascienden a 324.974.405 euros y que se reparten entre distintas líneas de actuación en las comarcas mineras, instrumentos de financiación a través de la Lanzadera Financiera, Sodical y otras medidas de financiación a través de Incentivos Regionales y fondos gestionados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

En concreto, entre 2016 y 2019, la Junta de Castilla y León ha destinado 127.295.901 euros al conjunto de actuaciones de promoción de nuevas actividades vinculadas a la minería, con nuevas tecnologías para aplicaciones del carbón, el fomento de la investigación de yacimientos alternativos de minería no energética y tecnologías relacionadas con la minería aplicables a otros sectores productivos. Asimismo, se ha fortalecido la actividad en sectores como el agroalimentario, el forestal, la artesanía, el comercio y el sector turístico.

Además, se han impulsado medidas de apoyo al emprendimiento, a la formación y cualificación del capital humano; y medidas de mejora del entorno, en concreto actuaciones en materia de infraestructuras, eficiencia energética y restauración de espacios afectados por la actividad extractiva.

En este periodo se ha facilitado financiación para los proyectos empresariales que han surgido en los municipios afectados. Así, de los 197.678.503 euros movilizados para potenciar la actividad empresarial en las cuencas mineras, la Lanzadera Financiera ha impulsado proyectos empresariales desde 2016 con una financiación que ha ascendido a 167.392.430 euros, lo que ha permitido la creación o el mantenimiento de cerca 5.000 empleos.

Además, a través del Instituto Financiero Sodical se han financiado préstamos por valor de 11 millones de euros a empresas en municipios mineros y se han movilizado otras ayudas que superan los 19.286.073 millones de euros a través de Incentivos regionales y del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

Durante la reunión del Comité de Seguimiento se ha trasladado la reclamación realizada por el consejero de Economía y Hacienda a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que todos los municipios muy afectados por la minería del carbón, 24 de la provincia de León y 7 de la provincia de Palencia, estén incluidos en la propuesta de zonificación del ministerio para la delimitación territorial de los Convenios de Transición Justa.

La propuesta del Instituto para la Transición Justa excluiría a 14 municipios mineros de la Comunidad. En concreto estos ayuntamientos serían los de Cabrillanes, Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en la provincia de Palencia.

La Junta reclama la corrección del ámbito municipal establecido en el Real Decreto 675/2014, para incluir a los 31 municipios mineros de Castilla y León en los Convenios de Transición Justa para el mantenimiento del empleo afectado por el cierre de las explotaciones mineras y que servirán de base a los Planes que deben desarrollar cada estado miembro para optar a recibir Fondos Comunitarios.

Este criterio corrector ya se ha utilizado en la propuesta de delimitación territorial del Convenio de Transición Justa de la Comarca de El Bierzo, por lo que debería hacerse extensivo a los Convenios de La Robla-Montaña Central y de Velilla-Guardo, e iniciar los procesos participativos para la firma de los Convenios en la Comunidad de Castilla y León, procesos ya iniciados por el Gobierno de España para las comunidades de Asturias y de Aragón.

Asimismo, la Junta ha reclamado al Ministerio de Transición Justa que las empresas eléctricas deben inducir un proceso real y computable de reindustrialización del territorio en el que abandona su actividad. Éstas han de colaborar con las administraciones públicas en un análisis del impacto económico por el cese de actividad y un estudio de la cadena de valor que afecta a sus proveedores y el volumen del empleo afectado por el cierre.

La Junta ha defendido en todas las reuniones mantenidas para el cierre de las centrales térmicas, la necesidad de una colaboración público-privada para hacer frente a la reindustrialización a través de tres iniciativas de desarrollo del territorio:

Primero, que las empresas titulares de las centrales aprovechen las infraestructuras utilizadas en las térmicas para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos renovables, priorizando aquellos que sean más intensivos en empleo en la fase de explotación, aprovechando proyectos de almacenamiento energético vinculados a bombeos hidráulicos puros, vinculados a antiguas infraestructuras, centrales depuradoras de aguas de drenaje de mina y almacenamiento mediante bombeo hidráulico.

Segundo, impulsar nuevos proyectos empresariales en los terrenos de las centrales desmanteladas, sin coste, para nuevos proyectos empresariales, y aportando recursos económicos a los proyectos con el objetivo es atraer proyectos capaces de crear al menos tantos puestos como empleos destruidos.

Y, por último, impulsar la consolidación de pymes locales para su crecimiento a través de apoyo técnico y financiero con recursos públicos y minimizar el impacto en el empleo.

Por último, la Junta de Castilla y León mantiene ayudas, en el año 2020, por un importe de 3,7 millones de euros para la creación de empleo dentro del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Con estas ayudas prevé la contratación de 340 trabajadores desempleados, de forma prioritaria a trabajadores procedentes de empresas extractivas, térmicas y auxiliares del sector, como a los colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral. Las subvenciones están dirigidas a los 31 municipios mineros de la Comunidad muy afectados por el cierre de la minería del carbón.