La Junta insta al Gobierno a exigir a las térmicas de Compostilla y La Robla a invertir para ser operativas hasta 2030

El resto de integrantes del comité han solicitado presentar sus propuestas sobre este documento hasta la primera semana de agosto, con el objetivo de que se puedan incorporar al documento de posición conjunto que presentarán al gobierno central. Para evaluar ese nuevo documento, la comisión se reunirá de nuevo a finales de agosto a la búsqueda de un consenso que Del Olmo calificó como «fundamental», y que a día de hoy no existe.

«Quienes no están a favor del documento se escudan en que está politizado, algo que no es así», apuntó la consejera, que aseguró que ese argumento «es una excusa por parte de partidos que ante el nuevo Gobierno no se atreven a ser tan valientes como lo fue la Junta ante la postura del exministro Soria».

Del Olmo justificó la convocatoria extraordinaria de la comisión debido a las «alarmantes» declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las cuales pronostica el cierre de las escasas explotaciones de carbón operativas el próximo 31 de diciembre de 2018, y asegura que todas las centrales térmicas de carbón que no hayan ya ejecutado las inversiones para su adaptación a los requisitos de la Directiva de Emisiones Industriales cerrarán el próximo 30 de junio de 2020, al tiempo que propone en último término el cierre de la totalidad de las centrales térmicas de carbón españolas en 2025.

El documento presentado hoy, sobre el cual se trabajará en las próximas semanas, subraya que las cuatro explotaciones mineras de carbón operativas en la actualidad en Castilla y León (minas de interior 'Salgueiro' y 'La Escondida', y minas a cielo abierto 'Gran Corta de Fabero' y 'Corta Pastora') son explotaciones competitivas, que operan en el libre mercado, y tienen contratos en vigor con las centrales térmicas de Compostilla, La Robla y Soto de La Ribera, a las que suministran los tonelajes de carbón acordados a precios inferiores al precio internacional del carbón.

Respecto a la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, que recoge la obligatoriedad de que las explotaciones mineras no competitivas devuelvan las ayudas recibidas, Del Olmo destacó que «no pueden pretender que se devuelva todo de golpe», y pidió que se establezca un procedimiento de devolución de las ayudas que permita la continuidad de las explotaciones.

En el documento presentado por la consejera, se refleja también que el Gobierno español puede y debe instar a las empresas eléctricas propietarias de las centrales de Compostilla y La Robla a que acometan las inversiones pendientes para la continuidad hasta 2030 de los grupos 4 y 5 de Compostilla y grupo 2 de La Robla. Igualmente, el Gobierno debe modificar los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación, de modo que puedan impedirse cierres como el de la Central de Velilla, que sólo buscan el beneficio económico de su propietario, por el incremento del precio marginal del mercado que conlleva dicho cierre.

Y respecto a la propuesta legislativa de la Comisión Europea conocida como Paquete de Invierno -que se estima entre en vigor en el año 2020 y que hubiera llevado al cierre en 2025 de todas las instalaciones de generación con emisiones superiores a las fijadas que operan como respaldo de las renovables- se precisa que el Consejo Europeo, en su reunión de 18 de diciembre de 2017, modificó la propuesta, estableciendo en el año 2030 el fin de los pagos por capacidad a las centrales que emitan más de 550 gramos CO2/kWh generado. «Esa diferencia de cinco años es muy significativa, porque puede hacer que las empresas amorticen la inversión o que no lo hagan», valoró la consejera.

Por último, sobre la obligatoriedad del Gobierno central de presentar, antes de que concluya el año, su Plan Nacional de Transición Energética, destacó que, «de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, el Gobierno debe consultar a los territorios afectados y tener en cuenta su opinión».

«El Plan debe ser flexible y reflejar cómo se va a modular la transición, si se va a mantener o no cierta producción de carbón, y qué medidas va a poner en vigor cada Estado Miembro para asegurar una transición justa. Además debe recoger el impacto social en términos de empleo de los cierres de minas y centrales que se planteen, y las políticas de creación de empleos alternativos», afirmó.

A su juicio, «la transición no puede hacerse liquidando primero el tejido productivo existente, sino que debe ser paulatina y ajustada a la implementación de las medidas que vayan creando nueva actividad económica y empleo».

Ante las críticas recibidas por parte de los integrantes de la comisión, Del Olmo señaló que «el documento de hoy no es nuevo en sus planteamientos», y recordó que el 29 de enero de este mismo año, en una reunión celebrada en Vellilla del Río Carrión, ya se propuso hacer una declaración conjunta por el mantenimiento de la central. Finalmente recordó que el pasadp 21 de mayo, en una reunión del comité celebrada en León, se recalcó la necesidad de «hacer algo» para evitar el cierre de las térmicas. Asimismo, apuntó que las Cortes aprobaron dos PNL para evitar el cierre de la térmica de Compostilla.